Por Justo Pastor Mellado
En Valparaíso existe una “sub-cultura” del ajuste de cuentas que conecta los espacios de la política y del delito. Ya tan solo el cumplimiento de la ley constituye un acto de excepción. Lo normal es la concertación, si no para delinquir, al menos para fragilizar las relaciones formales, promoviendo el “modelo de la toma” como base de la soberanización. Esto tiene dos expresiones mayores: la toma de la calle y la justicia expeditiva. Ambas expresiones dan cuerpo al deseo instituyente de una formas de socialidad que se organizan en torno al simulacro de poder y a la ejecución de una voluntad legitimada por el “golpe de mano”.
Entre simulacro imaginario y golpe real se distribuye la energía simbólica de quienes buscan instalar la infractora irreversibilidad de unas demandas sociales y quienes realizan los ajustes de cuentas con deudores materiales. Respecto de esto último, valga señalar que en estos dos últimos años ha aumentado el número de ajustes de cuentas en esta ciudad. Sin embargo, quienes promueven acciones de simulación de conquista del espacio público -en su mayoría estudiantes- no se topaban con los sicarios, al menos hasta el jueves 14 de mayo.
Los estudiantes exhibieron el ejercicio coreográfico habitual de las luchas urbanas, enarbolando la facultad crítica en contra del principio de propiedad en la educación, transfiriendo su malestar hacia los emblemas de la pequeña y mediana empresa, representada por los centenares de comerciantes cuyos locales construyen la escenografía que regula y encuadra las marchas de los estudiantes. Hasta que algunos de sus agentes se des-encuadran y pasan al acto pictográfico de apropiación simbólica de lo que -obviamente- los valida como sujetos carentes de títulos de dominio, teniendo que asegurar su potestad aspiracional ejerciendo violencia contra quienes ostentan, en propiedad, el dominio sobre la representación de fachada.
En estas circunstancias aparece la figura del sicario auto-mandatado por los padrinos que dominan la ensoñación de los propietarios, haciendo efectivo el concepto de protección que ajusta las cuentas con quienes amenazan su vigencia, en una ciudad cuya Autoridad ya dejó de garantizar unas condiciones de gobernabilidad que han caído por debajo de la línea de reproducción básica de los vínculos sociales.