Entre La Haya y el futuro gabinete

Dos grandes temas dominaron la contingencia política de esta semana, uno en el plano internacional y otro en el doméstico.
El tan esperado fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima peruana fue conocido el lunes y sus implicancias recién comienzan a dimensionarse. Si bien los gobiernos de ambos países han reiterado la firme decisión de acatar el veredicto, el debate sobre su implementación no ha estado exento de ruidos, a lo cual se suma que Perú mantiene abierta la posibilidad de un eventual reclamo sobre las cerca de tres hectáreas del llamado triángulo terrestre.

En lo interno, la designación de los 32 subsecretarios del próximo gobierno dio nuevas luces sobre el diseño de la administración que llega a La Moneda en marzo y confirmó el principal lineamiento político puesto en evidencia la semana pasada con el nombramiento del gabinete de ministros, cual es el alto grado de autonomía de la Presidenta electa respecto de los partidos de la Nueva Mayoría que respaldan su programa. Esto último bien pudiera estar en la raíz del primer conflicto del futuro gabinete, centrado en la recién nombrada subsecretaria de Educación.

Después del veredicto. La decisión del tribunal de La Haya concedió los puntos fundamentales de la defensa jurídica de Chile, no obstante lo cual terminó otorgando a Perú el grueso de su pretensión territorial. Aunque el gobierno chileno dijo lamentar el razonamiento de la Corte —en apariencia, más político que estrictamente jurídico—, ratificó de inmediato su acatamiento del fallo, al igual que hizo Perú.

Ello no impidió que rebrotara el debate sobre las formas y plazos de implementación del veredicto, principalmente a instancias de Perú, donde diversos actores políticos y figuras influyentes insistieron en la importancia de iniciar sin dilación la demarcación del nuevo límite marítimo, el diseño de cartas de navegación y el ejercicio inmediato de la soberanía nacional sobre las aguas obtenidas gracias al fallo. Esto no requería de la cooperación entre los dos países, se dijo, e incluso podía hacerse en forma unilateral, pese a la instrucción expresa de la Corte en sentido contrario. Las peticiones y anuncios sobre el envío de barcos a la zona, aunque sin carácter bélico alguno, fueron gestos que no contribuyeron a crear un clima de moderación en las palabras y en los actos.
La actitud razonable y el discurso ponderado de los Presidentes Piñera y Humala lograron reencauzar el debate hacia el inevitable carácter gradual de un fallo de esta naturaleza, que involucra redibujar fronteras y realizar cambios legales. Sin embargo, cabe lamentar que el gobierno peruano no parece haber cerrado, con el fallo de la Corte, el último capítulo de sus aspiraciones territoriales con Chile. Si bien la retórica presidencial ha insistido en que no quedan temas pendientes, las reiteradas menciones a la falta de una definición de La Haya respecto del triángulo terrestre sugieren lo contrario. Está en el interés de ambos países que esto no se transforme en el germen de una nueva controversia que pueda pesar sobre la relación bilateral en años venideros, dilapidando la oportunidad que ofrece el dictamen de La Haya para iniciar otra página en la historia, sin los lastres del pasado.

En otra arista del fallo, el gobierno de Bolivia ha interpretado que lo concedido por la Corte a Perú sienta un precedente de “justicia” que valida el recurso de La Paz ante La Haya, en su intento por obtener de Chile una salida al Pacífico. El caso boliviano no se sustenta en argumentos jurídicos, sino políticos y comunicacionales. Chile sigue dispuesto a retomar un diálogo que la propia Bolivia cortó hace años, pero no puede hacerlo bajo presión de una demanda ni bajo la premisa de que el único resultado aceptable para Bolivia sería un acceso al mar con soberanía, como lo ha planteado su Presidente muchas veces.

Nuevo gobierno en construcción. Michelle Bachelet escogió a los subsecretarios de su futuro gobierno de la misma forma en que seleccionó a los ministros; esto es, sin consultarlo directamente con los partidos de su coalición. Como en el gabinete, en el equipo de subsecretarios hay militantes de la Nueva Mayoría y todos sus partidos están representados, pero no se percibe ni un intento deliberado por alcanzar equilibrios políticos específicos —el criticado cuoteo—, ni un esfuerzo por seleccionar mayormente a personas de “peso” partidario. De hecho, en algunos casos los nombrados representan posturas críticas de las directivas de sus respectivas tiendas, y en general predomina un énfasis en el perfil técnico y profesional en la selección, junto con una mezcla de experiencia y renovación.
Algunas duplas de ministro y subsecretario entregan señales decidoras, por distintos motivos. En Interior, por ejemplo, el ministro Peñailillo —estrecho asesor de la Presidenta electa — tendrá como subsecretario a Mahmud Aleuy, con gran experiencia política partidaria, lo que parece una apuesta interesante por complementar sus cualidades. En Hacienda, el ministro Arenas y el subsecretario Micco, ambos de marcado perfil tecnocrático, deberán impulsar y defender el ambicioso programa de la Presidenta, pero por su trayectoria profesional y pública envían una señal de moderación ante expectativas (o temores) exageradas. Lo mismo puede decirse del equipo de Relaciones Exteriores, conformado por el canciller Muñoz y el subsecretario Riveros, quienes asumirán una cartera desafiante, empezando por la implementación del reciente fallo de La Haya.

En cambio, la polémica desatada en torno a la designación de Claudia Peirano en la subsecretaría de Educación bien podría ser un anticipo de los problemas que enfrentará la administración Bachelet en dos dimensiones: la gestión política y la conflictuada identidad de la Nueva Mayoría. Así, el nombramiento de una persona crítica de la gratuidad en educación, precisamente un eje del programa de gobierno, habla de cierta impericia política en la capacidad para prever conflictos; pero las reacciones encontradas al interior del bloque —y particularmente al interior de la DC, partido de Peirano— vuelven a poner de manifiesto las “dos almas” que tensionan a esa coalición, lo que sin duda tendrá un efecto en el Ejecutivo que la representa.