Hora de balance legislativo

Quedan pocas semanas de trabajo legislativo bajo el Gobierno del Presidente Piñera, si consideramos que en febrero el Congreso no opera y que en marzo se rebarajará el naipe parlamentario con la entrada de los nuevos diputados y senadores que fueron elegidos el 17 de noviembre. Bien vale entonces repasar cómo ha sido el registro legislativo de esta administración que termina en marzo.

El resultado del balance es agridulce. Por una parte, hay que reconocer un logro del Gobierno en mandar proyectos en múltiples áreas donde era necesario hacer mejoras y también en responder a la ciudadanía al aprobar muchas de las promesas de campaña de Sebastián Piñera, tales como el posnatal de 6 meses, la eliminación del 7% de los jubilados y el Ingreso Etico Familiar. Esto, además, en un contexto de reconstrucción tras el terremoto y con una economía en buen pie.

Sin embargo, se observó bastante desorden en las filas oficialistas (que, más que en votaciones adversas, se reflejó en “ruido” ante los temas claves) y además se dejó sistemáticamente en segundo plano una serie de temas propios de una administración de centroderecha, como son las mejoras para potenciar el crecimiento (laborales, de corte administrativo, energéticas, etc.). Más aún, dos proyectos de reforma tributaria ocuparon una parte significativa del tiempo de debate parlamentario.

El primer año marcó. A todas luces, el tono del debate parlamentario se marcó el primer año, cuando el Gobierno decidió mandar una serie de proyectos sociales, muy vistosos desde el punto de vista de la opinión pública, pero dejando a la sombra aquellos que permiten en el mediano plazo crear las condiciones para una mayor productividad, y por lo tanto mejor calidad de vida y disminución de la pobreza. La agenda eléctrica, por ejemplo, fue compleja y lenta, y la laboral, aún cuando nutrida en iniciativas, prácticamente inexistente en términos de resultados. El tan bullado proyecto de salas cuna, que pretendía reducir la discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral y, en general, bajar el costo de contratación se ingresó ¡recién en 2013! y muy difícilmente se logrará aprobar en este Gobierno.

Es cierto que al Gobierno de Piñera no le tocó fácil porque no tenía mayorías nítidas en las cámaras, pero aún así tampoco logró alinear a los parlamentarios propios en aquellas iniciativas menos “lucidas” pero claves para el ADN político de una administración de centroderecha. ¿Cómo se explica que en diciembre de 2013, apenas a tres meses del fin del mandato, se haya mandado un proyecto pro inversión minera? ¿O que el proyecto de carretera eléctrica no haya tenido mayor tramitación legislativa desde que se presentó hace ya dos años?

Indices de cumplimiento. Si bien los niveles de cumplimiento (Delivery Unit) han sido mucho más rigurosos y más transparentes de cara a la ciudadanía que en gobiernos anteriores, ha quedado claro que el envío de proyectos de por sí no garantiza a los ojos de la ciudadanía que el trabajo esté bien hecho. Si bien el Gobierno, en el marco del último 21 de mayo, aseguró un 80% de cumplimiento legislativo (y es probable que termine con índices aun superiores con el creciente ingreso de proyectos al Congreso en estas últimas semanas: consejo de estabilidad financiera, pro inversión minera, etc.), esto no significa que el trabajo legislativo tenga una evaluación equivalente en términos de calidad.

Por ejemplo, el tan bullado proyecto del posnatal sí estaba en el programa y sí fue aprobado, pero no se logró respetar la inspiración inicial del Gobierno que aún cuando usaba el concepto de los 6 meses, lo hacía con mayor flexibilidad pensando en introducir una serie de cambios que disminuirían el costo laboral para la mujer en edad fértil. Así quedó fuera la idea de un prenatal incluido dentro de los 6 meses y flexible en la medida de las recomendaciones médicas, y la idea de disminuir el fuero de manera proporcional al nuevo beneficio y otras similares. Lo que salió fue un permiso posnatal bastante rígido, cuyos efectos sobre el empleo femenino sólo se podrán tasar al cabo de unos años. Dado que empezó a regir en medio de un boom laboral, las mujeres aún no sienten el impacto en términos de contrataciones, pero el efecto podría crecer en tiempos de desempleo alto.

Hay, sin embargo, otros ámbitos bastante lucidos en términos de calidad y cumplimiento, como las reformas políticas, con una agenda clara de mejoras a la democracia. Muchas de ellas se han visto empañadas con los cuestionamientos post-eleccionarios, pero sin duda son un paquete coherente e impulsado con fuerza. El voto voluntario e inscripción automática, la ley de primarias y el ahora debatido voto en el exterior, este último pendiente aún de aprobarse, han sido logros políticos que convocaron transversalmente en la idea de perfeccionar nuestro sistema electoral.

Prioridades finales. Dado que ya pasaron las elecciones y quedan aún algunas semanas de trabajo legislativo, lo que debería esperarse es que se trabajara en apurar aquellas iniciativas que se sabe no serán prioridad en el Gobierno entrante. Entre las anunciadas por La Moneda (12 serán las priorizadas), están los proyectos de Subsecretaría de Derechos Humanos y la eliminación de las alzas de contribuciones de la tercera edad, ambas con seguro respaldo por el equipo de Michelle Bachelet. Pero puede desaprovecharse la posibilidad de aprobar proyectos avanzados, que son menos vistosos, y que de otra manera estarán congelados los próximos cuatro años, como la agenda de flexibilidad laboral y aquellos que tienen por objeto fomentar la inversión e introducir competencia en distintos sectores de la economía. Entre ellos, el proyecto de medios de prepago y los que buscan modernizar el mercado de capitales y el funcionamiento del Estado.