Modernización del Ministerio Público

En medio de un ambiente de preocupación por la violencia que se vive en la zona de La Araucanía y a días de la entrega de las últimas cifras de victimización de Paz Ciudadana, bien vale revisar en que está una de las iniciativas más emblemáticas de la administración de Piñera en materia de delincuencia: el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, ingresado en mayo de 2012 a tramitación legislativa.
A 15 años de la creación de esta entidad y de la aparición en la escena nacional de la figura de los fiscales, los resultados no han sido del todo satisfactorios, especialmente si se consideran las altas expectativas que había sobre el sistema. Empezó a generar preocupación que casi la mitad de los casos que ingresan se desestiman vía archivo provisional, es decir, se “congelan” a la espera de nuevos antecedentes que muy rara vez llegan para que se retome el caso. Además, en los que sí llegan a la justicia, los últimos años se vio una reducción de las sentencias condenatorias y un alza de las suspensiones de los procesos, lo que genera una sensación de impunidad.

Desde 2008 se discutieron varios proyectos revisados por organismos internacionales y por entidades como Paz Ciudadana, hasta que una mesa técnica diseñó las bases de lo que luego se plasmó en este proyecto que llegó al parlamento en mayo de 2012. Pero si bien a nivel de expertos el consenso es fuerte, tanto la Fiscalía Nacional como los funcionarios han tenido reparos que marcaron desde el inicio el proceso y que explicarían, al menos en parte, que no se haya logrado transformar en ley durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Lleva año y medio de tramitación. Recién en diciembre pasado el proyecto empezó el segundo trámite constitucional, pasando de la Cámara de Diputados al Senado. Fue un año y medio de tramitación en la Cámara Baja no exento de polémicas, debido a un tira y afloja entre los fiscales y el Ejecutivo: los primeros, pidiendo más recursos, y el Gobierno, exigiendo a cambio mayores estándares de información y cumplimiento.

El argumento más usado por los fiscales ha sido que el Ministerio Público tiene autonomía constitucional, por lo tanto, no puede ser evaluado externamente por los otros poderes. Si bien la autonomía debe garantizarse para el buen funcionamiento del sistema, todas las piezas del Estado deben estar sujetas a indicadores de impacto que sean conocidos por la comunidad y que permitan asignar eficientemente los recursos del fisco y mejorar los niveles de victimización en el país. Este “gallito” promete ser el mismo desafío que enfrentará el próximo gobierno si decide continuar con este proyecto o tramitar uno similar. De hecho, es probable que los ejes se mantengan, ya que hay bastante consenso entre los expertos en que es necesaria la modernización del Ministerio Público y que ello pasa por una combinación virtuosa entre más recursos (para personal, unidades específicas, etc.) y mejores estándares de cumplimiento.

Más fiscales, más exigencias. El proyecto que hoy está en el Senado, en su versión original, enumeró una serie de mejoras para el trabajo del Ministerio Público, entre las cuales está la ampliación de planta en 370 cargos, 69 de los cuales serán nuevos fiscales. Junto con la nueva tecnología, esto supone un aumento de más 12% en el presupuesto del Ministerio Público, que está en torno a los US$ 223 millones anuales, es decir, unos US$ 30 millones. Aunque esto suena importante, la Fiscalía Nacional había pedido recursos adicionales por US$ 80 millones.

Esta dotación adicional apuntará especialmente a mejorar el sistema de víctimas y testigos y superar los actuales estándares de tramitación de causas de menor y mediana complejidad. Además, se creará una fiscalía especial para investigaciones de alta complejidad con un fiscal especial a cargo; grupo que se abocaría a drogas, corrupción, lavado de dinero, terrorismo y otros delitos de investigación especializada.

Dentro de la modernización, el proyecto que se mandó contemplaba pilotos (en algunas regiones) de unidades de análisis criminal y focos investigativos, que son diseños que permiten persecución criminal estratégica en mercados delictuales específicos.

En estas etapas, y como contrapeso a la entrega de los recursos adicionales, se estableció que el Ministerio Público tenga metas e indicadores. Por ejemplo, en las mejoras al Sistema de Atención a Víctimas y Testigos se aumentan en 104 los funcionarios, pero se pone como exigencia que el 60% de los usuarios considere positiva la atención y un 75% de los casos urgentes (violencia intrafamiliar y delitos sexuales, entre otros) esté de acuerdo con los protocolos establecidos. Otro caso para demostrar el espíritu del proyecto: Se asignan 161 nuevos cargos para el fortalecimiento de la tramitación de causas de menor y mediana complejidad (robos, por ejemplo). Aquí el foco de mejora está en los llamados archivos provisionales, donde las causas se suspenden sin que la investigación prosiga. La meta es bajarlos en 10%, lo que equivale a 70 mil casos en 4 años, llevando así a que más delitos lleguen a la justicia.

Mantener el foco. Es de esperar que el gobierno entrante siga este mismo camino, manteniendo un equilibrio de recursos adicionales y accountability . Es clave no ceder a las presiones de ciertos sectores que bajo el escudo de la “autonomía constitucional” pretenden no rendir cuentas a la ciudadanía. Es un desafío urgente avanzar para calmar la sensación de inseguridad que ha marcado la agenda pública en la última década y para esto, esta ley sería un gran paso adelante.