Agenda pública en compás de espera

La expectación parece ser la sensación dominante hoy en la vida pública chilena. El interés de los políticos y los ciudadanos sigue pendiente, por un lado, de la instalación del nuevo gobierno, y por el otro, del proceso de traspaso de mando entre autoridades entrantes y salientes. La sensación de compás de espera también podría aplicarse a una de las noticias judiciales más bulladas y polémicas del último tiempo, el veredicto de culpabilidad del único acusado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay en la Araucanía, pues se trata sólo del primer paso hacia una sentencia definitiva. Y hasta en el plano internacional se aguarda —con una mezcla de preocupación y extrañeza— el desenlace de dos violentos procesos de convulsión social, en Ucrania y en Venezuela, este último con inesperadas repercusiones en nuestro país.

En medio de todo esto, la excepción es La Moneda, donde es evidente que no se quiere bajar el ritmo hasta el último día y se intenta agilizar tanto las últimas obras pendientes de la reconstrucción, como todos los proyectos que quepan en las semanas finales de esta legislatura, pese a que muy pocos de ellos alcancen a aprobarse.

Traspaso a medio camino. A pesar de las buenas intenciones del Gobierno y de la Nueva Mayoría, que llevaron en estos días a reuniones de varios ministros sectoriales con sus sucesores designados, el nuevo modelo en la entrega de los antecedentes útiles para la labor que se inicia en marzo —que ojalá se consolide en futuros cambios de gobierno— ha experimentado un tropiezo por diversas postergaciones pedidas por el equipo bacheletista, básicamente en las carteras políticas, pero también en otras como Agricultura, Sernam y Desarrollo Social. Hubo molestia en La Moneda porque ello se debiera, al parecer, a la ausencia del futuro ministro del Interior, quien regresó hoy de sus vacaciones, a la espera de reunirse con la Presidenta electa para analizar el informe de su subsecretario Mahmud Aleuy sobre la definición final de los subsecretarios e intendentes. Dicha molestia la expresó la vocera del Gobierno al centrar el problema en esa tardanza y en los problemas con las designaciones, provocando una dura respuesta de la oposición, donde por lo demás existen juicios discrepantes respecto de los nombres pendientes para ocupar varios cargos.

Todo lo cual tiende a politizar el episodio, pone en riesgo el funcionamiento de un buen mecanismo de traspaso y, además, aumenta las ya altas expectativas puestas en Michelle Bachelet y sus primeras medidas, sumándole dos incógnitas: el criterio con que ella juzgará los requisitos exigibles a los funcionarios públicos, y el tipo de relación que mantendrá con los partidos en su segundo período de gobierno.

Movimiento social en Venezuela. Nicolás Maduro consideró una intromisión en los asuntos internos de su país las declaraciones del Presidente Piñera en que condenó los hechos de violencia ocurridos allá en las recientes protestas callejeras, pidiendo respeto por la libertad de expresión y demás derechos humanos como condición para superar la aguda crisis venezolana y fortalecer la democracia. El gobernante chileno ha tenido relaciones sin mayores problemas con las naciones del Alba (salvo la demanda boliviana) y sólo ahora, al igual que Colombia, formuló esta prudente advertencia en el terreno de los principios, rompiendo el inexplicable silencio del resto de la región frente a los excesos del chavismo. Pero él no fue el único que opinó en Chile. Lo han hecho, entre otros, dirigentes estudiantiles y partidistas, discrepando incluso entre sí los de la Nueva Mayoría. Sorprende en especial el sesgo ideológico de la FECh y de parte de la oposición chilena que niega a los universitarios venezolanos el mismo derecho a protesta que ejercen los estudiantes acá. Llama la atención que no defiendan a Leopoldo López, miembro de la Internacional Socialista, preso y amenazado con diez años de presidio por convocar a una movilización pacífica, al tiempo que apoyan a un régimen que tilda de “fascistas” a quienes reclaman por la escasez, la delincuencia y la inflación —los peores de la región—, que censura a la prensa y que amenaza con movilizar a las FF.AA.

¿Qué es terrorismo? El tribunal oral de Temuco debía resolver sobre la existencia y la calificación de dos atentados incendiarios, a las propiedades de las familias Seco Fourcade y Luchsinger MacKay (en éste con la muerte del matrimonio propietario), y acerca de la responsabilidad del hasta ahora único acusado, Celestino Córdova. Ante la expectación pública por las impresionantes circunstancias del homicidio, destaca la condena dictada en el segundo caso, aunque Córdova haya sido absuelto en el primero. Pero en cuanto a la calidad de terroristas de ambos delitos, sorprende que sólo se considere como tal justamente aquel en que no se estableció su culpabilidad ni hubo víctima fatales.

Contra esta sentencia de primera instancia se interpondrán recursos y deberá esperarse la resolución definitiva. Sin embargo, por su relevancia para las políticas públicas, pero también por los efectos que tiene para la sensación de inseguridad e impunidad que prevalece en esa zona del país, cabe suponer que se intensificará el debate sobre las dificultades probatorias de las acusaciones de terrorismo como asimismo por el concepto mismo de este delito. El Gobierno ha discrepado de la interpretación de los jueces y estima que hubo, efectivamente, un delito terrorista en ambos atentados. Parece conveniente volver a poner sobre discusión hasta qué punto cumple su rol la legislación vigente en esa materia, sobre todo considerando el anuncio de la Presidenta electa de que no recurrirá a ella durante su mandato por hechos similares que ocurran en La Araucanía.