Complicado preestreno para Bachelet

Un ritmo acelerado de trabajo desde el mismo 11 de marzo era el declarado propósito de la Presidenta electa. Así, además de un programa afinado, cuya traducción en proyectos de ley se concretaría en un semestre —con 50 medidas de mayor urgencia en los primeros 100 días—, se esmeró en contar con todo el equipo de ministros y altos funcionarios decidido personalmente por ella y con tiempo para empoderarse y hasta descansar antes de empezar la tarea.
Lo anterior era lógico, en vista del alto nivel de expectativas estimulado por la propia campaña electoral. Pero inesperados cuestionamientos a varios de los nombrados, de parte de los dirigentes estudiantiles al comienzo y luego de la propia Nueva Mayoría, más la revisión de antecedentes en curso y un pertinaz silencio del comando, trajeron una peligrosa cuota de incertidumbre. La senadora Rincón dijo que ésta terminaría pasado el 24 de febrero, fecha que los presidentes del PS y la DC estiman tardía, reclamando una pronta voz oficial del propio gobierno electo ante la sensación de desorden en que ahora “todo el mundo se siente en condiciones de hablar”. Se espera que esta especie de paréntesis veraniego concluya la próxima semana con la vuelta de sus vacaciones del futuro ministro del Interior y el inicio de reuniones de trabajo entre los actuales ministros y sus sucesores designados, pero lo cierto es que el silencio del nuevo gobierno respecto de los problemas y críticas que ha enfrentado, así como la indefinición en relación a las duplas de ministro y subsecretario en varias carteras, complican el ritmo ágil que las nuevas autoridades deseaban imprimir a partir de marzo.

Personas y programas. La accidentada designación de altos funcionarios, que arriesga bajas o al menos reparos éticos para varios de quienes debían ser “los y las mejores”, abrió un caudal de críticas sobre ellos y sobre el nivel de exigencias que cabe aplicar de ahora en adelante al servicio público, pero también sobre el diseño político —o la falta de él— que ordenó ese proceso. Ello ha enfrentado duramente a dirigentes de la futura coalición gobernante, como el diputado Gutiérrez y el senador Rossi a propósito del escogido como intendente de Tarapacá, por ejemplo, o las divisiones en el PPD entre los sectores cercanos al senador Girardi y al diputado Harboe, además de un juicio negativo del ex presidente del PS Ricardo Núñez y otros sobre el “secretismo” con que se ha manejado el comando de Michelle Bachelet.

Por otro lado, las opiniones de destacadas figuras del sector revelan también serias diferencias acerca de la orientación y contenido del programa de gobierno. Mientras algunos lo convierten en un texto intocable, con lo que dejan “cazado” al próximo gobierno para los ajustes que requieran sus proyectos, otros no vacilan en repudiar lo que llaman esa “beatería” y la sumisión a las presiones de los movimientos sociales, y defienden posiciones más moderadas y abiertas a discutir las propuestas del programa. Si esto aparece claramente en el tema educacional, con mayor razón se dará algo parecido en la reforma constitucional, sobre todo si se confirma que coordinarán el proyecto con el Congreso los futuros ministros José Antonio Gómez y Ximena Rincón, promotores de la asamblea constituyente.

El poder de la Presidenta. Hasta ahora, la visión común acerca de la autonomía con que Michelle Bachelet conduce sus relaciones con la Nueva Mayoría se explica porque fue el enorme apoyo popular con que ella cuenta lo que permitió el triunfo de diciembre, pese a la baja adhesión que lograron los partidos que la respaldan. Ello le permitió a la Presidenta electa formar su gabinete con libertad, recibiendo de las colectividades sólo sugerencias de nombres, pero sin las negociaciones habituales y operando en su estilo de absoluto hermetismo. Quizás el efecto más notorio de los problemas en las designaciones sea el fin de esa especie de mordaza y la intensidad de las críticas actuales, que inevitablemente abarcan los procedimientos seguidos y, en alguna medida a la cúpula bacheletista, como evidencia el presidente del PS en esta edición al apuntar sus cuestionamientos políticos al futuro jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo. De hecho, esta situación ha llevado a que en los partidos crezca la aspiración no sólo de hacerse escuchar con más fuerza, sino de lograr un mayor protagonismo en la futura administración, lo que para ésta representará un desafío que no había tenido que contemplar.

Ampliación de la Alianza. En la centroderecha hay dos procesos en curso: uno hacia la formalización de los nuevos referentes —Evópoli, Red Liberal y Amplitud—, que deberán decidir si integran un solo movimiento o partido más liberal que la UDI y RN, incluyendo a quienes han renunciado a esta última; y otro para la elección de directivas en las colectividades mayores. Sin negar en esto el aporte al sector de una renovación generacional y la inclusión de nuevas figuras, lo más importante será la capacidad de entendimiento y cooperación entre los partidos tradicionales y los emergentes, respetando las naturales diferencias y priorizando los objetivos comunes.

Un paso significativo, pero también la comprobación de lo que piensan las bases de la Alianza, lo darán los liderazgos por los que opten la UDI y RN. Si en aquélla no hay lista unitaria, competirían el senador Víctor Pérez y el diputado Ernesto Silva, y en RN será algún miembro de la actual mesa, como el diputado Cristián Monckeberg, ya en campaña, y quizás una reciente alternativa encabezada, entre otros, por la ex ministra Parot.