Cambios con sentido constructivo

En el marco de la discusión nacional sobre temas como las obras concesionadas, los cambios en educación y algunos aspectos de la reforma tributaria, entre otros, ha surgido cierta inquietud por una suerte de espíritu “refundacional”, que, si bien ha sido explícitamente descartado por las autoridades, parece permear varias de las iniciativas que plantea el Ejecutivo. Esto es, una tendencia a creer que buena parte de los problemas que enfrenta el país requieren una completa revisión de lo hecho hasta ahora, como si un enfoque de “borrón y cuenta nueva” ofreciera una mejor posibilidad de entender y abordar los desafíos con una óptica fresca y, debe suponerse, más eficaz a la hora de obtener resultados.

La decisión de paralizar en el Congreso el proyecto de ley que busca dividir el Servicio Nacional de Menores (Sename) en dos instituciones -el Servicio Nacional de Protección de la infancia y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, bajo la tutela del Ministerio de Justicia- es un ejemplo ilustrativo de ese afán por replantear algunas discusiones desde fojas cero, o algo muy parecido. En este caso, la idea de crear dos servicios se basaba en la conveniencia de atender por separado a dos grupos muy distintos de menores -los que están en riesgo social y los que han infringido la ley-, una fórmula que fue discutida por años y que contaba con el respaldo de numerosos expertos, así como de entidades nacionales (como la Fundación Paz Ciudadana) e internacionales (como la Unicef y el Comité de los Derechos del Niño). Más aún, el primer gobierno de la Presidenta Bachelet elaboró un anteproyecto con ese enfoque, a partir del cual su sucesor presentó el proyecto de ley cuya tramitación acaba de ser detenida.

El Sename es una institución que durante años ha mostrado serios problemas en su funcionamiento, como recientemente confirmó un informe de la Cámara de Diputados, el que acusó notable abandono de deberes de sus directivos, falta de fiscalización y centros de protección de menores virtualmente dejados a su suerte y en pésimas condiciones. Es decir, un contexto en que difícilmente puede alcanzarse el objetivo de proteger eficazmente a los menores en riesgo y de rehabilitar a los que han delinquido. Es esa realidad la que impulsó el largo debate que llegó a la fórmula de dividir el servicio en dos partes, asignándoles distinta dependencia.

Sin duda no era esto la solución que pondría término a todos los problemas que aquejan al sistema de protección de menores, pero sí era un cambio estructural con sólido sustento técnico. Sorprende, entonces, que la nueva directora del Sename sostenga, en defensa de la paralización del proyecto, que “… es súper simplista decir ‘separamos el Sename y chao’”, pues ésa nunca ha sido la postura de los partidarios de la medida, quienes la han entendido como parte de una estrategia más amplia para cumplir esta función esencial. Es decidor, por cierto, que la funcionaria plantee que “no me sorprendería que termináramos creando un Ministerio para la Infancia”, pues ello trasluce la creencia de que cada problemática y grupo social requiere contar con una institución estatal de dedicación exclusiva para atender sus necesidades.

Es dudoso que el país se beneficie de un enfoque que desconoce lo avanzado y pretende partir de nuevo en todo orden de cosas. Precisamente, el desarrollo es un proceso permanente de construcción de la sociedad a partir de lo que ya está edificado, lo cual, desde luego, no excluye la posibilidad de hacer cambios de fondo y repensar algunas cosas según nuevos criterios acordes con los tiempos y la experiencia.