Catástrofe, reformas estructurales y proyecto de sociedad

Gloria de la Fuente Directora del Programa Calidad de la Política, Fundación Chile 21

Si hay algo que han develado las dos catástrofes de las últimas semanas, además de las falencias en varias de nuestras políticas públicas, es la dimensión humana que alcanza la desigualdad en Chile. Lo que ha sucedido tanto en Valparaíso como en el norte del país ha tenido como víctimas principales a personas de esfuerzo, cuya posibilidad de levantarse se hace viable sólo gracias a la labor abnegada del trabajo voluntario y la solidaridad de sus compatriotas. Es necesaria una respuesta desde el Estado, pero también una mirada comprensiva de lo que estas desgracias nos recuerdan: que nuestro país requiere con urgencia mirar el proyecto de sociedad que hemos construido.

Si miramos los datos sobre desigualdad de ingresos a partir del coeficiente de Gini, Chile tiene el nivel más alto de los países de la OCDE (0,50), mientras el promedio de este club de las 34 economías más desarrolladas del mundo es de 0,31. Al mismo tiempo, un estudio publicado en 2013 por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (López, Figueroa y Gutiérrez) muestra con claridad que el 1% más rico del país se lleva el 30,5% del ingreso total, siendo esta concentración del ingreso en los “súper ricos” muy superior a la de países como Estados Unidos, Japón o España.

La expresión de esto en lo cotidiano tiene múltiples facetas, porque se traduce no sólo en que la “torta” se distribuya de manera muy desigual, sino que también en que para parte importante de la población las posibilidades de acceder a una mejor educación, una mejor salud e incluso a servicios básicos, se vean limitadas, porque los que tienen más no aportan lo suficiente a quienes tienen menos. Tal es el sentido de una de las reformas estructurales de la presente administración, la tributaria: hacer que los que ganan más paguen más impuestos, de manera de contribuir al bienestar común, en lo cual por cierto la educación tiene un rol fundamental.

¿Es eso suficiente? Claramente, no, y el programa de la actual administración se hace cargo de ello. Un país no sólo es desigual en lo económico y lo social, sino también en lo político. Esto, porque cuando las personas no han podido, por la razón que sea, ser parte de la construcción de sus mecanismos de representación y no se les reconoce el derecho a participar y deliberar sobre cuestiones que les afectan de manera directa, es inminente la desafección con el sistema que les cobija.

Lo anterior es tarea de un nuevo proyecto de sociedad que se podrá construir íntegramente sólo de la mano de una nueva Constitución.