Debates en torno al Estado

Con ocasión de las importantes reformas impulsadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet, están apareciendo con creciente frecuencia en la discusión nacional ideas y propuestas que tienden, por una parte, a menospreciar o marginar el aporte del sector privado en una serie de ámbitos y, por otra, a enfatizar y, en algunos casos, a dar exclusividad a la acción del Estado, que se presume más eficaz y socialmente equitativa. La desconfianza respecto del primero y una fe obviamente excesiva en la superioridad ética y la eficiencia del segundo se aprecian en diversos aspectos del debate, como en los juicios del senador Letelier sobre la raíz neoliberal de la educación subvencionada (algo sin sustento histórico en la experiencia chilena) y de más de un dirigente estudiantil a favor de limitar y hasta eliminar -e intervenir en ciertos casos- la enseñanza particular, y también la sorprendente polémica acerca de si el carácter público se identifica con lo estatal en el mundo universitario.
Tales sospechas se extienden también a mecanismos como las concesiones -así se trate de autopistas, hospitales o cárceles-, donde se confunden fallas o tropiezos específicos con el rechazo total del sistema, olvidando la exitosa experiencia chilena de colaboración público-privada en esos y otros ámbitos. Este fenómeno, que incluye ahora a muchos que antes no sólo alabaron, sino que participaron activamente en esa fructífera alianza, se presenta como novedoso cuando en verdad intenta resucitar, por motivaciones ideológicas, lo que fueron históricos fracasos en Chile y en distintos lugares del planeta. El Estado es, sin duda, en su esfera propia, un actor clave para el desarrollo nacional, pero lo que hace falta es justamente modernizarlo -sobre todo si se pretende recargarlo aún más-, asunto en el cual el país está en deuda.

Es cierto que en todos los últimos gobiernos ha habido avances en la materia, y basta recordar entre los más recientes aquellos en transparencia de la vida pública, inscripción electoral automática, elección directa de los Cores, digitalización de los trámites estatales, constitución rápida de empresas y programa Chile Atiende. Las ventajas de otros cambios, como los nuevos ministerios, pueden ser más opinables, pero es verdad asimismo que ha habido buenas iniciativas que requieren ajustes para consolidarlas, como la selección de la Alta Dirección Pública, los cambios tecnológicos en el Registro Civil, el futuro del INE y tal vez el mismo sistema de concesiones, y faltan definiciones y un real equilibrio en determinados derechos y organismos que se contraponen en áreas como la energía o el medio ambiente.

Si en ese nivel hay tanto paño que cortar, peor se ven las deficiencias municipales, tan cercanas a los ciudadanos. El incendio de Valparaíso es un ejemplo vivo: las autoridades estaban informadas hace tiempo del peligro de un incendio en gran escala, e incluso estaban identificados (correctamente, según se comprobó) los lugares más vulnerables. Sin embargo, pasaron los años y no se adoptaron las medidas necesarias. Resulta difícil atribuir allí culpabilidades personales, pero es evidente lo lejos que estamos de un aparato estatal capaz de asumir cada vez más funciones. Cuando desde varios ángulos se pretende reestatizar la vida pública, se impone el deber de priorizar el mejoramiento de las instituciones y no minimizar la fuerza poderosa de la libre iniciativa de las personas en todos los campos de la acción social.