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Demanda boliviana en La Haya

El Presidente boliviano ha entregado finalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya el documento con que su país demanda a Chile por no haberse avenido a negociar una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. De acuerdo con La Paz, nuestro país ha incumplido reiteradamente el compromiso de un diálogo que […]

Publicado el 15/04/2014

El Presidente boliviano ha entregado finalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya el documento con que su país demanda a Chile por no haberse avenido a negociar una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. De acuerdo con La Paz, nuestro país ha incumplido reiteradamente el compromiso de un diálogo que se haga cargo de la aspiración marítima boliviana, por lo que el actual gobierno, ante esa negativa, ha decidido solicitar a la CIJ que ordene a Chile iniciar dicho proceso.

Las acciones del gobierno paceño y de sus principales representantes en las últimas semanas, y hasta el día de hoy, dan amplias luces sobre los dos objetivos centrales de la estrategia comunicacional de Bolivia en esta materia, empezando por el gesto inédito de que fuera el propio jefe de Estado quien viajara a Europa a entregar el documento al tribunal, acompañado del canciller, del abogado que actúa como agente y de una nutrida delegación que incluía a representantes de la oposición.

Hacia fuera del país, La Paz busca presentar la demanda en La Haya como el último recurso de un país injustamente victimizado por la pérdida de acceso al mar hace más de un siglo, algo que estaría en la raíz de su falta de desarrollo económico, además de ser una herida abierta en la psique nacional que significa un lastre en distintas dimensiones. Hacia adentro, el gobierno de Evo Morales ha desplegado una intensa campaña enfatizando que él, a diferencia de todos los presidentes anteriores, ha llevado la demanda marítima al máximo foro de la justicia internacional, una línea que la oposición boliviana ya ha acusado de estar motivada electoralmente, de cara a la campaña de Morales para reelegirse por segunda vez, en los comicios de fin de año.

Es en este contexto que deben entenderse expresiones como las de la ministra boliviana de Autonomías (“135 años de invasión chilena, de no poder ir a nuestra costa, a nuestro mar, de promesas incumplidas, de reuniones inservibles [...] Hoy, 15 de abril de 2014, es el día de la esperanza”), o como las del procurador general de Bolivia, para quien la demanda en La Haya es “el documento histórico y jurídico más importante de nuestra vida como Estado”.

Las autoridades chilenas de este gobierno y del anterior han sido enfáticas al señalar que la demanda ante la CIJ es incompatible con iniciar un diálogo bilateral para abordar la misma materia. Así, dado que Bolivia ha optado por ese camino, Chile está dispuesto a regirse por las reglas que el mismo implica; entre ellas, la posibilidad de impugnar la competencia de este tribunal para pronunciarse sobre la demanda boliviana, puesto que no hay ningún asunto limítrofe pendiente entre los dos países. Las autoridades chilenas han dicho que esa es una posibilidad abierta (el plazo para ello es de tres meses a partir de hoy), aunque esperarán conocer el texto presentado hoy por Bolivia antes de optar por un curso de acción. Lo cierto es que esto haría pleno sentido, no sólo en vista de los sólidos argumentos jurídicos con que Chile puede impugnar la competencia de la Corte, sino también en vista de la experiencia chilena reciente sobre la lógica que parece animar a los jueces: en el caso de la reciente demanda marítima peruana, éstos reconocieron la validez de la posición jurídica chilena, pero aun así concedieron a Perú una parte importante de lo que reclamaba, incluso creando nuevos criterios limítrofes, como el de las 80 millas.

Más allá de lo anterior, Chile ha dado indicios de que su diplomacia será más asertiva que en el pasado en relación con este tema. Uno de ellos fue la conferencia de jueces internacionales en Washington -entre ellos, algunos de los que integran la CIJ- a la que asistió el equipo de la defensa jurídica chilena, y que sería parte de una estrategia que incorpora las dimensiones políticas, diplomáticas y comunicacionales de la demanda boliviana (a diferencia del énfasis jurídico que se privilegió ante Perú en el mismo tribunal). Y según sostiene el coagente chileno en esta edición, existe conciencia en la comunidad internacional respecto de que la aspiración boliviana tiene efectos complejos en la estabilidad de las fronteras, de lo cual se desprende que ésa podría ser una línea de argumentación importante para la postura chilena.

Jorge Edwards

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