Efectos políticos del terremoto

Esta semana, el tema de mayor impacto público debía haber sido la presentación de la anunciada reforma tributaria al Congreso. Aunque el terremoto del día martes alteró las prioridades en el interés ciudadano y en el Gobierno, parece necesario destacar la importancia del debate que sobre ella ha comenzado, pero no sin antes mencionar las más directas consecuencias políticas de la catástrofe natural. En primer lugar, ella afianzó la imagen del Gobierno y, en forma específica, la del recién estrenado ministro del Interior, gracias a un adecuado control de la situación, evidentemente contrapuesto al mal recuerdo del 27/F. Contribuyeron a este balance positivo los cambios habidos en la institucionalidad y los procedimientos para tales emergencias, así como el entrenamiento de la población para colaborar autoprotegiéndose, lo que no disminuye la necesidad de corregir las fallas ahora detectadas y completar la dotación y la capacidad profesional de la Onemi y demás organismos técnicos; entre ellos, los relacionados directamente con el riesgo sísmico.

También afectó el terremoto a la agenda de la reforma educacional, al postergarse por una semana la reunión fijada para ayer del ministro Eyzaguirre con la directiva de la Confech, de la cual dependerán en buena medida el rumbo del movimiento estudiantil y el grado de sintonía del Gobierno con sus rígidas demandas ideológicas. Ello incidirá en las crecientes discrepancias prácticas, pero asimismo doctrinarias, que empiezan a manifestarse entre las universidades estatales y las privadas (incluidas las que se definen como “de orientación pública”), y en la defensa que hacen de su aporte las asociaciones que abarcan a miles de establecimientos de la educación particular subvencionada, amenazados de cierre por las propuestas de restricciones económicas o de absorción estatal adelantadas por el ministro.

La propia reforma de impuestos enfrenta el inesperado costo adicional de los serios daños materiales causados por los sucesivos sismos en el Norte Grande, y hasta la Presidenta advierte una eventual demora en cumplir sus 50 primeras medidas en 100 días, como estaba previsto.

La reforma tributaria. El texto del proyecto bacheletista y la presencia en el Congreso del titular de Hacienda, con el mayor conocimiento de los detalles que ambos entregan, constituyen un avance significativo para la discusión del tema. Pero, como era de esperar, tales antecedentes han hecho surgir diversas opiniones críticas, no sólo legítimas sino que también útiles para el debate, y cabe esperar que ellas den lugar a explicaciones concretas y convincentes de parte del ministro Arenas. Lo que puede sorprender es que tales objeciones no provengan únicamente de la oposición, sino además de parlamentarios oficialistas, como el senador Pizarro y el diputado Lorenzini, quienes (aprobando la reforma en general, a diferencia de la UDI, que al parecer votará en contra) reservan su decisión sobre determinados aspectos de la discusión particular. Esto permite sospechar que no habrá una “aplanadora” en bloque -en caso de existir disposición a utilizarla, lo que la coalición gobernante y el Ejecutivo han descartado-, y abre espacio para corregir algunas normas, pero también para que surja un posible flanco de problemas para el oficialismo.

Desde la Alianza, la objeción es mayor, tanto al rechazar lo que estima un exceso de atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, que le permitirían acceder a información privada y alterar contratos con facultades propiamente judiciales, incurriendo en inconstitucionalidad -según advierten varios expertos-, como al advertir que la retención del 10% de las utilidades de las empresas eleva, de hecho, el alza tributaria no al 25% que propone el Gobierno, sino que al 35%. Por ello, más allá de los argumentos en uno u otro sentido, es indispensable que se aclaren cuanto antes esas cifras y la cuantía real del impuesto. En una faceta diferente, puesto que el objetivo central de la reforma es disminuir la desigualdad, resulta conveniente el cuidado por los casos en que el aumento de la carga impositiva tienda a trasladarse al consumidor, perdiendo así su propósito equitativo.

No es fácil, pues, que la reforma sea despachada en la Cámara antes del 21 de mayo.

Situación de la Alianza. Hay actividad preelectoral en RN y en la UDI por el cambio de directivas, y algunos esfuerzos por reordenar los centros de estudio, diseñar cambios -que pueden originar nuevos conflictos- en sus declaraciones de principios y abordar propuestas ante las iniciativas del Gobierno, pero llaman la atención las dificultades para coordinar un frente común, con mínimas bases de acuerdo, de los grandes partidos con los nuevos grupos de Evópoli y Amplitud. La verdad es que, tras la derrota electoral, no puede prolongarse allí el actual estado de inoperancia y el sector requiere una efectiva redefinición política.

Nueva Mayoría y Gobierno. Superados en lo fundamental el proceso de instalación y sus tropiezos, comienza a desarrollarse el día a día de la multiforme vinculación entre el Gobierno y los partidos que lo apoyan, que tiene su expresión más importante en la tarea legislativa. Existía una ilusión, basada en el poder presidencial -extremado por las características del liderazgo bacheletista-, de que todo fluiría sin desvíos desde el “sacrosanto” programa a una sólida mayoría parlamentaria, con propósitos compartidos por los movimientos sociales. Pero la realidad está resultando más compleja y, en lugar de los consensos transversales con la oposición hoy menospreciados, el desafío es asegurar los acuerdos en la propia coalición oficialista. No se trata sólo de expresiones, por lo demás lógicas e inevitables, de las siempre aludidas dos almas, sino de los habituales intereses personales o electorales que cuestionan, por ejemplo, el mayor impuesto a las bebidas alcohólicas, o que ponen en duda incluso la conducción y método de la reforma constitucional.