Futuro de los nuevos referentes políticos
El proyecto del Gobierno para cambiar el sistema electoral binominal plantea sin duda desafíos a las grandes coaliciones que han dominado la escena política dentro del actual marco legal, pero la forma que finalmente adopte esa iniciativa, que ya está siendo criticada desde varios puntos de vista, también condicionará, para bien o para mal, a […]
El proyecto del Gobierno para cambiar el sistema electoral binominal plantea sin duda desafíos a las grandes coaliciones que han dominado la escena política dentro del actual marco legal, pero la forma que finalmente adopte esa iniciativa, que ya está siendo criticada desde varios puntos de vista, también condicionará, para bien o para mal, a las diversas formaciones de menor tamaño que han surgido en el último tiempo en la centroderecha -como Evópoli o Amplitud- o en distintas gradaciones del progresismo, como Revolución Democrática, el PRO de Marco Enríquez-Ominami o Fuerza Pública de Andrés Velasco, cuya potencia efectiva se conocerá recién en la contienda municipal de 2016.
De éstos, los tres primeros están ya dentro del sistema parlamentario. En el caso de ME-O se aprecia el comienzo de una nueva estrategia que podría, por una parte, aunar otros grupos aún más a la izquierda para robustecer una alternativa a los dos bloques mayores, o para llegar en definitiva a una convergencia, al menos en temas concretos, con la Nueva Mayoría (cosa que él mismo había descartado durante la campaña de 2013). Y el referente liberal encabezado por Andrés Velasco tiene fijado un consejo para hoy que podría orientar sobre su camino. Si bajo el binominal se favoreció la estabilidad de las instituciones, en el panorama que empieza a diseñarse se esperaba que aumentaría la representación de un registro más amplio de tendencias, pero ello supone clarificar los objetivos y capacidades de todas ellas, incluyendo la transformación en nuevos partidos de las que aún no lo son.
La ventaja del cambio respecto de la normativa vigente depende de muchos factores y no está garantizada. De hecho, simulaciones realizadas por centros de estudios, como la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, el Observatorio Electoral de la Universidad Diego Portales o el centro de estudios Libertad y Desarrollo, muestran que las grandes alianzas mantendrían su influencia (con mejores resultados para la Nueva Mayoría) y que los partidos pequeños e independientes quedarían marginados o con mínima participación. Es cierto, sí, que aquello puede corregirse en la propuesta inicial, ya que sigue pesando sobre este asunto la incógnita de la abstención electoral y que falta sobre todo una serie de cambios complementarios relativos al funcionamiento y financiamiento de los partidos y las elecciones.
Hasta donde se conoce, la reforma electoral de Bachelet tiende a restablecer las pautas anteriores a 1973, que impulsaron los criticados “tres tercios” partidistas. Por otra parte, la posible existencia de pequeños núcleos autónomos en el Congreso, cuya mayor importancia radicaría en la capacidad de decidir las mayorías cuando ninguna de las grandes colectividades o alianzas las alcanzaran por sí solas, constituye un evidente peligro. De ahí no sólo la necesidad de un análisis cuidadoso de la futura legislación en la materia, sino que asimismo la conveniencia de que las nuevas formaciones partidistas demuestren su vocación de presencia territorial presentando candidatos y propuestas en la próxima elección municipal, que se organicen en torno a principios bien definidos, de sólidas convicciones democráticas y preocupación por el bien común por sobre intereses de corto alcance, y que cuenten con liderazgos capaces de renovar para mejor la vida pública nacional, pues es evidente que la calidad de la política está íntimamente ligada a la calidad de los políticos.