La (des)protección de los derechos de infancia en Chile

José Andrés Murillo U. Doctor en Filosofía Presidente de Fundación para la Confianza

En Latinoamérica hay sólo dos países que aún no modifican su legislación en orden a crear un sistema de protección integral de los derechos de infancia: Cuba y Chile.

Así es. Chile, al igual que Cuba, firmó y ratificó la Convención de Derechos de Infancia el año 1990, y desde entonces el Comité ha insistido en que debe crear un sistema de protección integral para la infancia. Y no es que no sea necesario. La situación en Chile es vergonzosa en materia de vulneraciones. Y no me refiero sólo al ámbito más crítico, como las que ocurren en el Sename, sino de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Basta con decir que en 2012, un estudio de UNICEF-Chile arrojó como resultado una cifra que costaba creer: el 72% de todos los niños y niñas chilenos dicen ser víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. La cifra era tan escandalosa que el Ministerio de Interior, al año siguiente, hizo un estudio parecido. El resultado fue un poco diferente, pero aun más desalentador: subió al 75%.

Hay bibliotecas rebosantes de estudios que demuestran, todos ellos, la importancia de la infancia para que un país tenga un desarrollo integral, social e incluso económico. Dicho de otra manera, que un país tenga un desarrollo integral depende absolutamente del estado en que se encuentre su infancia, y en Chile la infancia lo pasa mal.

Nuestro país sufre de riesgos sísmicos y ha sido capaz de crear todo un sistema -admirado en el mundo entero, según BBC Mundo- para prevenir y enfrentar catástrofes. Es probable que pronto contemos con sistemas de prevención de incendios, pero aún no contamos con una legislación que esté a tono con la convención internacional de los derechos de infancia. Insólito.

En Chile, los niños aún son considerados como menores (disminuidos) y tratados como infantes (sin voz). La Presidenta Bachelet ha dado una señal esperanzadora creando, en su cuarto día de mandato, el Consejo Nacional de la Infancia. Espero que este consejo interministerial “de reflexión y propuestas” se transforme pronto en una instancia de acción y medidas concretas.

Necesitamos urgente una ley de protección integral y promoción de los derechos de la infancia; además, un ente rector con poder suficiente para coordinar todas las políticas de infancia y un Defensor Nacional de los niños, niñas y adolescentes que sea autónomo de los gobiernos de turno. Menos que esto sería como vivir en un país de terremotos sin contar con una regulación antisísmica.