La televisión y el debate público

Ricardo Solari

Por ochenta y cuatro jueves he publicado columnas de 4.000 caracteres en el espacio ofrecido por este periódico. A partir de hoy, sin embargo, deberé cesar esta desafiante colaboración puesto que asumiré la presidencia del directorio de Televisión Nacional. Distintas razones, de fácil comprensión para el lector, explican esta decisión. Pesa, por sobre todo, la necesidad de concentrarse en cumplir de la mejor manera posible este encargo presidencial. Justamente, son los desafíos de la televisión pública chilena el asunto al cual quiero dedicar mi última intervención en este vespertino.

Los múltiples fenómenos de convergencia tecnológica que se han sucedido vertiginosamente en los últimos 15 años han transformado radicalmente los patrones de consumo de medios de comunicación masivos. En términos abstractos, la transmisión unilateral de contenidos desde un emisor central a una multiplicidad de unidades receptoras ha dado paso a la circulación de la información a través de múltiples redes descentralizadas o distribuidas que se traslapan unas con otras. Este cambio ha generado una nueva forma de inserción de los medios de comunicación en la vida social cuya estructura y consecuencias recién estamos constatando. Si bien la aparición del dispositivo móvil en donde es posible acceder a internet está protagonizando el cambio, éste arrastra inevitablemente al resto de los medios que operaban según el viejo modelo.

Los efectos principales de este giro, al igual que el operado por la imprenta hace siglos, se constatan en los comportamientos de las audiencias. La exposición a una oferta explosiva de información heterogénea tiende a producir consumidores más selectivos y, por tanto, que se relacionan de manera más crítica con los medios. En conjunto con la mayor escolaridad promedio del país, el público tiende a exhibir una mayor diversificación y una menor fidelidad relativa con medios específicos. Radio y televisión, en cambio, se corresponden con públicos acostumbrados a la ritualidad de una representación que, si bien los retrata, al mismo tiempo los excluye. Es cierto que estas modificaciones todavía están en ciernes y que los nuevos medios todavía están subutilizados por la mayoría de sus usuarios. Sin embargo, la tendencia hacia el futuro está claramente marcada.

A pesar de las apariencias, el aumento en el espectro que supone el paso al formato digital no basta para asegurar que la televisión pueda hacerse cargo de esta nueva realidad. La generación de contenidos requiere de recursos para hacerla posible. Al considerar el panorama de la televisión chilena, en los últimos años se ha verificado que importantes grupos económicos chilenos han adquirido la propiedad de canales que, en conjunto, cubren una vasta audiencia. Sin cuestionar la buena fe de los controladores, es innegable el conflicto de interés objetivo implicado en esta situación, que, dicho sea de paso, hoy es impensable en países plenamente desarrollados.

Desde la perspectiva del interés colectivo, este diagnóstico refuerza la necesidad de un canal que cuente con un financiamiento adecuado, no sólo para producir bienes socialmente valorados que los actores privados no tienen la obligación de generar, sino también para garantizar condiciones mediáticas que impidan que la agenda pública pueda verse cooptada por intereses particulares coyunturales. Una prueba de la significación trascendental de este debate es que la ley de TV digital ha tenido la tramitación más extensa de la historia del Poder Legislativo post-dictadura.

Esta misión de la televisión pública se hace más crítica en la actualidad, cuando se están replanteando las relaciones entre sociedad e institucionalidad política. Es fundamental asegurar, para todos los chilenos, tanto la publicidad de las deliberaciones en curso como el acceso igualitario de la población a la multiplicidad de puntos de vista y expresiones simbólicas cuya interacción debe modelar un Chile más participativo e inclusivo.