Persistente precariedad en Gendarmería

Uno de los hechos más llamativos relacionados con el reciente sismo en el norte del país fue la fuga de más de 300 presas en un penal de mujeres de Iquique -muchas de ellas ya recapturadas-, quienes aprovecharon el derrumbe de una pandereta para escapar del recinto. Si bien es temprano para establecer responsabilidades -pues hay versiones de que se les habría permitido salir como medida de seguridad en medio del terremoto-, es casi inevitable que el episodio traiga a la memoria otros sucesos recientes que han puesto en entredicho, por distintos motivos, el buen funcionamiento de Gendarmería, institución encargada de resguardar los recintos penitenciarios, de velar por la seguridad y dignidad de los presos, y de facilitar su reinserción social.

En un somero repaso, se podrían recordar las recientes fugas de un detenido desde un tribunal mientras esperaba ser llevado al penal (algo que parece ocurrir con preocupante frecuencia) y la de un reo que se escondió al interior de un sillón; el fracaso de la puesta en marcha del sistema de tobilleras electrónicas, parte esencial de las penas alternativas a la cárcel, donde se cruzan acusaciones entre la institución y la empresa encargada de la tecnología; la destitución de un jefe regional debido a que utilizaba a un reo para realizar tareas domésticas en su casa. A ello habría que agregar los reclamos que durante años han hecho las organizaciones gremiales de Gendarmería respecto de las bajas dotaciones y remuneraciones, las peligrosas (incluso insalubres) condiciones en que sus funcionarios deben realizar su trabajo, y el enorme peso de la responsabilidad que la sociedad espera que asuman.

Todo lo anterior apunta a una institución que opera en condiciones de precariedad y, de hecho, es bien sabido que Gendarmería ha sido tradicionalmente considerada el “pariente pobre” del sistema de justicia. Este estado de cosas, que ha sido reconocido por las autoridades de sucesivos gobiernos, debiera ser abordado con la urgencia y seriedad que amerita. En todo sistema penitenciario, pero sobre todo en uno en que la infraestructura carcelaria presenta tantos déficits como pasa en Chile -la inseguridad y la falta de segregación son males persistentes y algunos penales concesionados ya empiezan a mostrar los problemas de hacinamiento que se suponía iban a evitar-, la institución encargada de su funcionamiento es un pilar esencial de la administración de justicia, pues no sólo debe velar por la integridad y el trato digno de quienes están privados de libertad por sus delitos, sino que también debe contribuir a su rehabilitación y posterior reingreso a la sociedad.

Es evidente que los gendarmes trabajan en uno de los entornos más hostiles que puede haber, como es el interior de una cárcel, y que deben lidiar con personas de alta peligrosidad. En más de un sentido, ellos también están presos, y el trato cotidiano con delincuentes y con los modos de vida del mundo carcelario implica, además de un ambiente sicológicamente opresivo, un espacio muy permeable a la corrupción y el abuso (de presos y gendarmes por igual).

Abordar los muchos y complejos problemas que aquejan a Gendarmería debiera figurar entre las prioridades del Ministerio de Justicia, tanto en beneficio de sus funcionarios, como en el de los presos y la ciudadanía en general.