Poca claridad en reforma constitucional

De los tres grandes pilares que estructuran el programa de gobierno de Michelle Bachelet -reforma educacional, tributaria y constitucional-, la discusión hasta ahora se ha concentrado fundamentalmente en los dos primeros. El proyecto de reforma impositiva se presentó la semana pasada y, a partir de la información crecientemente detallada que han ido entregando las autoridades, se ha generado un debate técnico informado con participación de gran diversidad de actores. Sobre la reforma educacional, en cambio, el Gobierno se ha movido más en el terreno de las intenciones y los principios -fin del lucro y de la selección, más equidad, diferencia entre público y estatal-, que en el de las respuestas concretas a las muchas interrogantes que despierta lo que a la fecha se conoce, o se presume, de su proyecto educativo. El tercer pilar del programa, la reforma constitucional, muestra a la sazón más similitudes con la misión encargada al Mineduc que con la que encabeza Hacienda, esto es, que a pesar de su importancia clave, se sabe mucho más de los objetivos que persiguen los cambios a la Carta Fundamental, que de los argumentos que los sustentan y, sobre todo, de los mecanismos por los cuales se alcanzarán. El programa, de hecho, dedica casi toda su extensión a enumerar una serie de derechos y garantías, pero apenas los tres últimos párrafos al “proceso para la elaboración de una Nueva Constitución Política”, del cual únicamente se dice que será “democrático”, “institucional” y “participativo”. Cabe señalar que a esta indefinición sobre los aspectos de contenido y procedimiento de un cambio tan relevante se agregan señales inconvenientes sobre su tramitación política y legislativa, mayormente debido a expresiones públicas encontradas de los ministros de Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia respecto de cuál de ellos llevará el proceso. Ello ha dejado entrever una suerte de “competencia” por hacerse cargo de una de las banderas políticas del actual Gobierno, lo que no contribuye al clima constructivo en que debe tener lugar una discusión de esta naturaleza y, por cierto, agrega dudas, en vez de despejarlas. En lo que sí se parecen las tres grandes reformas del programa es en las visiones dispares que generan al interior de La Nueva Mayoría. Así como no hay consensos en la coalición gobernante respecto de temas de fondo en materia educativa y tributaria, y eso sin duda será fuente de problemas durante su tramitación legislativa, tampoco los hay sobre los cambios que se pretende hacer a la Constitución ni sobre la forma de llevarlos a cabo (ni tampoco los plazos). Así lo han puesto en evidencia las declaraciones de actores del conglomerado que no se cierran a opciones de tipo plebiscitario -entre ellos el titular de Justicia y el presidente del PC- y las de quienes insisten en que el Congreso proporciona el único camino institucional para estos efectos. De un gobierno y un conglomerado político que presentan la reforma de la Constitución como eje fundamental de su propuesta al país cabría esperar una claridad mucho mayor sobre el “por qué” y el “cómo”. Voces respetadas por el actual oficialismo -como los ex ministros Pérez-Yoma y Velasco- han hecho ver tanto el desafío que representa esta reforma para el éxito del Gobierno como la “incertidumbre” de no saber “cómo se va a redactar y aprobar” la nueva Constitución. Y a las opiniones favorables a cambios radicales que reformulen el tipo de Estado en que viven los chilenos se contraponen otras, como las de la actual presidenta del Tribunal Constitucional, quien dijo a este diario: “Me parece delicado y grave someter al país a una revisión íntegra de su pacto constitutivo”. La importancia de la Carta Fundamental amerita discutir su reforma con precisiones y argumentos que hasta ahora han estado ausentes.