Tres reformas complicadas

La Presidenta Bachelet y gran parte de la Nueva Mayoría ven necesarias en el “nuevo ciclo” que diagnostican para Chile reformas de carácter estructural, capaces de lograr el vuelco sustancial que pretenden, lo cual produce varios efectos. En primer lugar, los obliga a cortar muchos lazos con su pasado, minimizando por superficiales y limitados -por los acuerdos con otras fuerzas y hasta con el “establishment” – los avances quizás más lentos, pero ciertos, que la Concertación tejió durante sus gobiernos.

Esa política le ha requerido ampliar la base electoral y sintonizar con los movimientos sociales, y por igual motivo, pese a su giro a la izquierda, procura conservar el aporte centrista de la DC. Pero la mayor novedad para la moderada y dialogante escena política de las últimas décadas es un tono ideológico que, si bien chocará con otros sectores y ojalá se explicitara, es de esperar que no dificulte cualquier negociación y opte por convencer en lugar de extremar las posiciones, actitud que dependerá sobre todo del enfoque que adopte el Gobierno.

La estrategia de urgencia del Ejecutivo ha provocado críticas en su misma coalición, además de en la Alianza. A iniciativas trascendentes, como las reformas tributaria, en curso de aprobación, y la educacional, que comienza a precisarse, se suma ahora la sorpresa de una que sólo operaría en cuatro años más: el cambio del sistema para elegir parlamentarios. Lanzarla en medio del arduo debate de las otras dos arriesga recargar aún más una agenda política de por sí compleja, y ciertamente no facilita su trámite legislativo.

Reforma tributaria. Sus aspectos clave (alza de impuestos con énfasis en las grandes empresas; supresión del FUT y del DL 600, y obtención de nuevos ingresos fiscales por US$ 8.200 millones) progresan en la respectiva comisión de la Cámara con la Nueva Mayoría bien alineada tras ellos, aunque con quejas de quienes intentan plantear sus reparos en el escaso tiempo concedido. En otros temas (tributos a alcoholes, diésel o viviendas, y más atribuciones a los inspectores del SII), donde hasta desde el oficialismo se presiona por correcciones (hay más de 40 indicaciones), el ministro de Hacienda debió abrirse a aceptar algunas, pero ellas crean nuevas dudas, como el peligro de estimular el mercado negro si el impuesto se carga al tabaco. A las objeciones de la oposición se agrega, a medida que se conocen detalles y entre juicios bastante agresivos de líderes de la izquierda -como el senador Navarro contra la DC o el diputado Schilling contra “los ricos”-, un endurecimiento de las críticas partidistas de los dos bandos, de los grandes empresarios que antes parecían no estimar tan grave la reforma, y del subsecretario Micco que les responde. Se estima que en el Senado el debate será más equilibrado, y el presidente de su Comisión de Hacienda y otros senadores oficialistas aseguran que allí esta iniciativa puede ser mejorada sin perder su propósito básico.

Reforma educacional. Aquí se aprecia una confusión que se debe tanto a la falta del texto de los proyectos como al hecho (en sí mismo positivo) de que Nicolás Eyzaguirre se haya reunido con casi todos los actores del sector, quienes han dado versiones diferentes de los compromisos del ministro. Primero fue el debate respecto del carácter público de las universidades estatales y privadas; luego fue la discusión por el fin del copago y de la selección en la enseñanza media. En ambos casos, lo definitivo parece ser que ello ocurrirá progresivamente. El Episcopado defiende el aporte de los colegios particulares y el compromiso de los padres con su proyecto educativo, y se opone a que el Estado use la subvención como medio para unificar el sistema educacional. En cuanto a impedir a los liceos públicos emblemáticos, como el Instituto Nacional, la selección de sus alumnos, han abundado las críticas de que no seleccionar, esperando a que toda la educación pública sea de esa calidad, el efecto no sería el de emparejar la cancha, sino más bien el de bajar la vara, nivelando hacia abajo. En un juicio particularmente duro, el experto en educación José J. Brunner (PPD) llegó a afirmar que con ello “el Estado va a hundir sus buques insignia”.

La dirigencia estudiantil ve ambigüedad en las posiciones oficiales, los universitarios exigen participar en la definición de las políticas y los secundarios están decepcionados de Eyzaguirre, a quien incluso le negaron la calidad de interlocutor válido (postura que fue correctamente refutada por el ministro). Y ya se anunció una marcha estudiantil en los próximos días, lo que augura un clima más confrontacional y hace indispensable que el Gobierno clarifique mejor sus objetivos y sus medidas concretas en una materia especialmente compleja.

Reforma electoral. El objetivo central de cambiar el sistema binominal (para Bachelet, “una espina clavada en el centro de nuestra democracia”) no es la solución a los problemas del régimen político, pero responde al sentir mayoritario. Lo esencial es que el paso a otro proporcional, que incentiva las listas separadas por partidos, evite el riesgo de la atomización y equilibre bien la representación metropolitana con la regional mediante un diseño geográfico que respete el interés general y no el de algún sector o partido. Respecto de la cuota mínima femenina, siendo valorable la preocupación por estimular una mayor participación de las mujeres en política, no parece fortuito el hecho de que en Chile ya tengamos una Presidenta reelegida, dos mujeres como finalistas en la última elección presidencial, y una mujer presidiendo el Senado, quienes claramente no han dependido de una cuota para acceder a tan altos cargos. La mayor participación femenina no necesita depender de fórmulas matemáticas basadas en porcentajes demográficos -una arriesgada forma de concebir los equilibrios democráticos- y el bono económico propuesto podría convertirse en un estímulo perverso para que los partidos seleccionen a sus candidatos más en función de su género que de su idoneidad. Asimismo, aumentar el número de congresistas será impopular, aunque se diga que el gasto adicional procederá de reasignaciones y no de nuevos recursos. En cuanto a la oposición, si en lo tributario y educacional ella aparece unida -y en ambos casos ha tenido la ventaja imprevista de que muchas de sus críticas han sido compartidas por actores del oficialismo y el empresariado-, en lo electoral hay divisiones por proyectos anteriores diferentes que no son fáciles de compatibilizar.