Un excesivo presidencialismo

Claudio Storm Economista y ex director del FOSIS

El ambiente político está crispado. El afán de la coalición gobernante por llevar adelante una agenda de cambios estructurales, en plazos acotados, está chocando con una contraparte -políticos, empresas y ciudadanos- que se acostumbró a avanzar en las últimas décadas en un clima de acuerdos y estabilidad donde los poderes del Estado tienen un contrapeso adecuado.

En este sentido, se advierte una señal de excesivo presidencialismo en el hecho de que en un mes y medio de gobierno ya son varios los reglamentos, decretos y decisiones administrativas que han sido anulados, sin mediar diálogo ni acuerdos políticos, dejando sin efecto decisiones de política pública en que la administración anterior invirtió tiempo y recursos para consensuar: se anuló el reglamento de evaluación ambiental estratégica; se derogó el reglamento de consentimiento expreso de los contratos financieros; se retiró el reglamento que regula el etiquetado de alimentos; se desechó la implementación de la nueva Ficha Social. Y es probable que la lista crezca en las próximas semanas.

Algunos de estos actos administrativos derogados tuvieron vinculación a leyes que fueron discutidas en el Congreso, otros ya contaban con la aprobación de la Contraloría General de la República, mientras que muchos fueron sometidos a un proceso de discusión pública y de construcción de consensos amparado en paneles de expertos que le dieran proyección y representatividad en el tiempo. Adicionalmente, en la mayoría de los casos descritos, el anuncio de eliminar las normativas vigentes no trajo consigo nuevos reglamentos para reemplazarlas. Esto ha alimentado la incertidumbre entre quienes son regulados por aquellos instrumentos y viene a confirmar que hoy estamos más bien en una carrera contra el tiempo.

No se trata de criticar el legítimo derecho, que un sector político se ganó en las urnas, de implementar su programa de gobierno. Se trata de entender que la alternancia en el poder es pilar fundamental en una democracia sana y que su principio base es lograr avanzar en políticas de largo plazo, asumiendo los acuerdos adoptados por la administración anterior, y no volviendo a fojas cero cada vez que el Ejecutivo cambia de signo.

Representa un riesgo para el desarrollo del país que cada cuatro años los gobiernos asuman una actitud refundacional, provocando grados de incertidumbre que dificultan la concreción de políticas públicas de largo plazo en el ámbito político, económico y social.