Y al final, ¿Cuáles serán los logros?

La Presidenta Bachelet no será evaluada al término de su mandato por el porcentaje de cumplimiento del programa que ofreció, sino que por los resultados concretos que obtenga; vale decir, por las evidencias de que el país progresó, se estancó o retrocedió, que todo eso es siempre posible. ¿Cuáles serán las principales áreas de evaluación? Básicamente, el crecimiento económico y el empleo; las mejoras en la educación y la salud públicas; la estabilidad institucional. Fuera de programa, el Gobierno será evaluado también por lo que haga en Valparaíso e Iquique.

Chile no está en crisis y hay que hacer cuanto sea necesario para que no llegue a estarlo. Ello supone cierta modestia para gobernar una sociedad compleja como la nuestra, hay que lograr un equilibrio inteligente entre cambio y continuidad. Eso es lo que no entienden algunos parlamentarios oficialistas que siguen lanzando proclamas ruidosas, movidos más por sus agendas personales que por el interés colectivo.

Si el país puede proponerse hoy nuevas metas en materia de igualdad de oportunidades, es porque logró grandes avances económicos, sociales e institucionales en las últimas décadas. No hay que olvidar la forma específica en que lo consiguió. La reconstrucción democrática no cayó del cielo, tampoco la vitalidad de la economía, la reducción de la pobreza ni las políticas de protección social. Fue un camino de reformas graduales con amplio respaldo, que integró fructíferamente el esfuerzo del Estado y el sector privado.

Más vale que el Gobierno use un lenguaje que no alimente expectativas que podrían ser el prólogo de duras frustraciones mañana. Hay que tratar a los ciudadanos como adultos; o sea, explicarles que el Estado no puede financiarlo todo y debe establecer prioridades.

Lo que pase con la reforma tributaria será determinante para el rumbo del país. El reto es elevar la recaudación y, a la vez, asegurar que no caigan la inversión ni el ahorro privados en un contexto de menor crecimiento. Es valioso que el ministro de Hacienda esté mostrando flexibilidad en la tramitación del proyecto. Se requiere, por supuesto, que los parlamentarios estudien a fondo los posibles efectos de la ley. No está de más recordar que ni las alzas ni las rebajas de impuestos tienen valor en sí mismas, sino como instrumentos para buscar beneficios sociales duraderos.

¿A dónde irán los mayores recursos? A la educación, se dice. Lamentablemente, la reforma educacional carece de un diseño coherente, como lo dejan de manifiesto las marchas y contramarchas del ministro de Educación. Afirmar, como él lo hizo, que los detalles de la reforma no se pueden difundir porque no ha terminado el diálogo con todos los sectores, constituye toda una confesión. Las incongruencias y el desorden pueden tener un altísimo costo social. Es obvio que no se pueden abordar todos los problemas al mismo tiempo. En esta etapa, corresponde focalizar los esfuerzos en la enseñanza parvularia y escolar, pero además es imprescindible elevar la calidad de los colegios públicos, lo que exige mejorar la labor docente.

Es muy negativa la ambigüedad acerca de cómo se gestará la nueva Constitución. Se trata de las bases del Estado de derecho, por lo que las indefiniciones pueden afectar la gobernabilidad. La ministra Rincón dijo: “Mi expectativa es que logremos sacar la reforma constitucional en este gobierno”. Esto sí que es novedoso. Si la esperanza es sacar la reforma “en este gobierno”, se entiende que ello no es seguro. ¿Acaso se mantendrá el suspenso por cuatro años? ¿Cuál es la decisión de La Moneda? Hay que hablarles claro a los chilenos.

El mensaje del 21 de mayo debería decantar el plan de gobierno de un modo que no deje dudas acerca de los logros que se quiere alcanzar.