Efectos políticos del Mensaje presidencial
El discurso presidencial del 21 de mayo tenía un contenido predecible dado que era el inicial del segundo período de Michelle Bachelet y había transcurrido poco más de dos meses de su mandato. Por ello era lógico que contuviera, como ocurrió, el recuento de las acciones ya realizadas entre aquellas comprometidas para los primeros cien […]
El discurso presidencial del 21 de mayo tenía un contenido predecible dado que era el inicial del segundo período de Michelle Bachelet y había transcurrido poco más de dos meses de su mandato. Por ello era lógico que contuviera, como ocurrió, el recuento de las acciones ya realizadas entre aquellas comprometidas para los primeros cien días. Asimismo, cabía esperar un mayor detalle en su hoja de ruta para los próximos cuatro años, y esto se tradujo en una extensa lista de más de cien medidas.
Pero en ese marco sorpresivamente se lanzó el tema del aborto, que de inmediato se ha tomado la agenda. El Gobierno ha asumido un riesgo, si se considera que divide transversalmente a varios de los partidos, que provoca una fuerte reacción en la Iglesia y sectores más bien independientes, y que desvía el foco del debate de los ejes legislativos principales en impuestos y educación. Podría especularse en torno a una estrategia que busca satisfacer algunas de las múltiples demandas adicionales de los movimientos sociales, grupos académicos y ONG, pero también cabe pensar que se busca dejar en claro el ánimo de lograr cambios no sólo políticos sino verdaderamente culturales, que permanezcan y se prolonguen, como puede ocurrir con este (quizás) globo de ensayo, mucho más allá de la presente administración.
Despenalización del aborto. Significativa resulta la presentación del problema como una materia de orden básicamente sanitario, destinada a evitar o disminuir abortos clandestinos (cuya “cifra negra” bordearía las decenas de miles anuales, con numerosas muertes entre las madres afectadas), en circunstancias que las tres causales que se aceptarían como lícitas están muy lejos de esa cifra, que obedece con preponderancia a embarazos no deseados, a los cuales no se aplicarían las excepciones. Ocurre, además, que muchos de quienes promueven la respectiva iniciativa legal son también partidarios o partidarias de autorizar el libre aborto voluntario con un fundamento muy diferente —el supuesto derecho de la mujer a disponer en forma autónoma de su cuerpo, incluido en éste el hijo en gestación—, por lo que cabe la posibilidad de que sólo se la busca como un primer paso a un objetivo mayor.
De más está señalar las complejas implicancias doctrinarias, sociales, jurídicas y políticas de un tema que, para analizarse en serio, requiere de un profundo debate en su contenido de fondo. Ello vale en dos causales de las propuestas en esta versión de simple despenalización en favor de la madre (y de sus colaboradores), pues ya la tercera (la de riesgo vital para ella) no puede calificarse como aborto y, bien entendida, está largamente incorporada a la práctica médica nacional. Es cierto que, según muestran las estadísticas, las cifras que reflejan la opinión de los chilenos al respecto han ido cambiando, pero pueden aumentar las tensiones existentes en el propio bloque oficialista, costo tal vez excesivo si sólo se pretendiera “romper otro tabú”.
Un Estado que crece. La relectura del Mensaje presidencial evidencia el alto número de nuevas entidades públicas, permanentes o transitorias —desde ministerios y subsecretarías, pasando por comisiones de estudios y refuerzos burocráticos de reparticiones existentes— que el discurso señala a la par de las futuras medidas prometidas. Aparte de aumentar en programas y atribuciones, el Estado crecerá físicamente, abarcará otras áreas y funciones, y requerirá más recursos —cuyo origen no se indica—, poniendo en duda que baste la recaudación de la reforma tributaria (destinada en su mayor parte, teóricamente, a la educación). La Mandataria ha reconocido la necesidad de modernizar el sector público y ello supone, entre otros objetivos, priorizar sus funciones y profesionalizarlas (aunque una herramienta eficaz como la Alta Dirección Pública ha sido dañada), pero lo que ahora se aprecia es un cambio de enfoque hacia una presencia preponderante, y a veces excluyente, del Estado, a la vez que una confianza excesiva en su capacidad para resolver un número de problemas cada vez mayor.
Oposición y diálogo. La felicitación de la Presidenta por el rápido curso de la reforma tributaria abarcó se extendió al procedimiento usado por ministros y diputados de la Nueva Mayoría, sin mención a la falta de diálogo real y la nula acogida a sugerencias externas, lo que opaca su llamado a seguir conversando, ahora en el Senado. Por esa vía, sus grandes proyectos —que hasta ahora no requieren los quórum más altos— se aprobarán sin buscar mayorías sociales amplias y seguirán siendo cuestionados por un sector del país. Las discrepancias en el oficialismo tienden a crecer, como lo muestran las dudas internas en la DC y las presiones externas de estudiantes universitarios y secundarios. El mismo tema del aborto, programado para plantearse de julio en adelante, pero que el senador Girardi intenta adelantar, ha venido a reforzar a la aún débil oposición, sumándose al debate las quejas de los sostenedores de colegios subvencionados y del Episcopado por la reforma educativa, y las críticas a la tributaria de empresas medianas. Si el Gobierno cree en el diálogo, es el momento de que haga gestos claros para recuperarlo.