El desafío de la seguridad ciudadana

En la madrugada del viernes último, un joven de 21 años, que se encontraba sujeto a la obligación de firma periódica en Gendarmería por estar condenado a 71 días de pena remitida, fue detenido como presunto culpable de asesinato del cabo de Carabineros José Barrera durante la fiscalización del vehículo en que aquél se desplazaba. Ante la gravedad del hecho, la Presidenta de la República pidió a la familia de la víctima y a su institución que confíen en que “la justicia hará su trabajo frente a este cobarde atentado”. El ministro del Interior, por su parte, agregó el deseo de que los culpables tengan las máximas sanciones que correspondan.
Delitos como éste que afecta a un policía en servicio han causado, por desgracia, una larga secuencia de funcionarios caídos en defensa de la seguridad y los derechos de la comunidad. Es además la primera víctima de este tipo de delincuencia desde que asumió el nuevo titular de Interior, que por una parte tiene la responsabilidad del orden público y, por otra, es de quien depende directamente el cuerpo de Carabineros. Cabe esperar, por ello, que este grave atentado constituya un llamado de atención a la autoridad para que ponga el foco más intensamente sobre una realidad que no apareció con suficiente énfasis en el reciente mensaje presidencial.

En el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, si bien se reconoce a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la población, se insiste sobre todo en la violencia de género y las drogas, y como tarea antidelictual, en la prevención más que en la disuasión mediante penas “u otros mecanismos afines”, para lo cual anuncia una revisión del marco institucional existente y la promoción y ampliación de diversos programas locales, algunos de los cuales se detallaron el 21 de mayo. En lo que se refiere a la persecución penal del delito, el énfasis está allí en el Ministerio Público, el sistema penitenciario y la justicia penal de adolescentes. En ambos documentos se plantea sí el aumento de la dotación de Carabineros en 6.000 plazas en cuatro años (y 1.200 en Investigaciones), con mayor descentralización y refuerzo de las estrategias policiales.

Tal es el encuadre teórico planteado por el actual gobierno. Pero tanto o más influirán las condiciones concretas de su aplicación, como la necesidad de formar adecuadamente al nuevo contingente de Carabineros, de perfeccionar la coordinación y eficacia de la policía, el Ministerio Público y el sistema judicial, y de conocer y analizar las cambiantes formas de actuar de una delincuencia cada vez más audaz, sofisticada y agresiva. En forma muy parcial, pero a la vez muy reveladora, el operativo que realizó Carabineros este fin de semana en ocho comunas de la Región Metropolitana —consignado en esta edición— entrega cierta perspectiva sobre al menos una dimensión de este grave problema: de las 324 personas detenidas, 71 tenían órdenes de arresto pendientes, mientras que 253 fueron sorprendidas en delitos flagrantes, como robo con intimidación o frustrado, y lanzazos.

Por otro lado, hay en el Congreso al menos dos proyectos en trámite que buscan aumentar las sanciones por maltrato de palabra o agresión física a Carabineros, un tipo de medidas que tiene amplios precedentes en otros países de la OCDE, donde incluso las amenazas a funcionarios son duramente castigadas. Ese es un tema que amerita un impulso adicional, tanto por la señal de valoración que entrega a la policía como para la disuasión de quienes pretendan agredir a sus miembros.

Ojalá el ministro Peñailillo, convocado por la triste experiencia del cabo Barrera, estimule la prioridad que debe darse a un tema que es crucial para el ciudadano común, y en definitiva para la paz social. El Plan Comunal de Seguridad que prevé llegar a un total de 74 comunas en 2016 —universo que concentra el 75% de la población nacional y el 82% de las denuncias por delitos graves, según han explicado las autoridades— es una iniciativa interesante, aunque de compleja ejecución, para diagnosticar mejor las distintas realidades locales y así enfrentarlas en forma más eficaz y eficiente. El Gobierno debe convertirla en parte de una estrategia antidelincuencia integral y de largo plazo.