El “mito” del enclaustramiento boliviano

Como lo muestran las opiniones de distintos parlamentarios, ha ido creciendo el coro de quienes prefieren que se plantee la incompetencia de la Corte de Justicia de La Haya para conocer la demanda presentada por Bolivia antes de la fecha en que ésta deba ser respondida atendiendo al fondo del tema. Seguir uno u otro camino es una alternativa procesal cuyas respectivas ventajas han de pesarse cuidadosamente, y es a la Presidenta de la República a quien cabe la responsabilidad de evaluar en definitiva cuál opción es mejor.

El Presidente Evo Morales ha llegado a sostener, dentro de su campaña para conseguir respaldo a la aspiración marítima de Bolivia, que esa previsible alegación de Chile lo situaría fuera de la comunidad jurídica internacional, lo cual no tiene sustento alguno, pues precisamente el proceso en curso contempla la posibilidad de impugnar la competencia del tribunal. Sin embargo, más allá de lo que parece un exceso retórico, son evidentes los esfuerzos del gobierno boliviano por difundir su posición centrada en el daño que causaría a esa nación su condición mediterránea. En ello hay un componente de motivación electoral, pues Morales aspira a la reelección en los comicios de fin de año, pero en el exterior esa postura intenta atraer adhesiones como las de Lula da Silva o de los líderes del Grupo de los 77, en cuya cumbre del próximo mes en Santa Cruz de la Sierra el propio Morales repartirá un libro con los argumentos de Bolivia. Considerando que Chile es uno de los invitados a esa cita, esto último parece un gesto poco cordial de parte del anfitrión.

La Paz intenta sacar provecho de cierto desconocimiento internacional generalizado respecto de la realidad del caso. Es por ello que resultan singularmente oportunas las declaraciones del canciller Heraldo Muñoz a un grupo de corresponsales extranjeros, al afirmar que “hay que terminar con este mito de que Bolivia no tiene salida al mar”. En efecto, como señala el ministro, es el propio tratado de 1904 el que le otorga al vecino país ese acceso a través del puerto chileno de Arica, donde dispone de una potestad aduanera que le ha permitido canalizar allí prácticamente la totalidad de su comercio marítimo. Tales franquicias, que incluso han ido aumentando a lo largo de los años, y que se complementaron en su momento con la construcción por Chile del ferrocarril de Arica a La Paz, explican por qué Bolivia no ha estimado necesario utilizar las facilidades ofrecidas por Perú en el puerto de Ilo.

No hay aquí una cesión de soberanía, pues el mismo tratado fija los respectivos límites fronterizos que están plenamente vigentes, junto con las garantías y privilegios con que Bolivia puede importar y exportar toda clase de bienes, además del tránsito de personas, accediendo a rutas oceánicas como las del Pacífico, hoy día de interés universal y con un mayor porvenir. Facilidades como éstas no las posee ninguna otra nación de carácter mediterráneo y ha sido un grave error no haber insistido, junto a la fuerza de los derechos de Chile, en reiterar la importancia de este concreto y valioso acceso al mar concedido a Bolivia durante más de un siglo, en condiciones excepcionales en favor de ese país.

En la coyuntura actual, y en vista de la campaña de propaganda vecinal ante diferentes actores y foros internacionales, parece indispensable que Chile sea proactivo en explicar en detalle lo anterior, entre otras verdades de la relación bilateral, y que despliegue sus propios y decididos esfuerzos para contrarrestar la ofensiva comunicacional de Bolivia.