Instituto Nacional y tomas estudiantiles

La toma que afectó hasta esta mañana al Instituto Nacional debiese ser analizada con gran cuidado, tanto por los estudiantes y sus líderes, como por las autoridades de todo nivel, pues ilustra muy nítidamente cierta dinámica circular y perniciosa que se ha vuelto la norma entre una parte del movimiento estudiantil y las instituciones. Una dinámica que en nada contribuye a los esfuerzos en que se ha embarcado el país para efectuar los cambios que requiere la educación, y que puede resumirse en las declaraciones de dos actores involucrados con la reciente toma desde ámbitos distintos: la comunidad escolar y la alcaldía de Santiago.

El presidente del centro de padres del liceo emblemático dijo a este diario que “hay niños de 12 años que tienen derecho a votar (la toma), mientras que los adultos, sus padres, no podemos hacer nada ante esta situación. El sostenedor (la Municipalidad de Santiago) tiene que ser más enérgico”. Como en casos similares en ése y otros colegios, sus palabras dieron cuenta de un paradójico estado de cosas en que jóvenes que están en plena etapa formativa impiden el funcionamiento y pretenden dictar las pautas de la institución que los forma, trastocando así los roles —y las responsabilidades— que les caben a ellos como alumnos, y a sus padres y profesores como adultos encargados de velar por ellos. Algo que no debe confundirse, por cierto, con la legítima y deseable participación de los estudiantes en aquellos asuntos que atañen directamente a la vida de su comunidad escolar y para lo cual cuentan con varias instancias formales.

En esta ocasión, sin embargo, a eso se agregó el contrasentido de que los estudiantes en toma recién hoy iban a debatir y presentar un petitorio con sus reclamos. Es decir, la medida de fuerza fue decidida y adoptada aun antes de existir acuerdo entre los alumnos convocantes sobre lo que querían exigir, más allá de una imprecisa insatisfacción por el modo en que el Ejecutivo está conduciendo la reforma educativa. En realidad, el movimiento estudiantil que se inició en 2006 y que tuvo un segundo impulso en 2011, ha llegado al 2014 viendo cómo una parte sustancial de su agenda ha sido recogida en el programa del actual Gobierno, y cómo algunos de sus liderazgos más emblemáticos se han incorporado al Congreso. Es muy probable que esto explique, en medida importante, una natural desorientación en adolescentes que eran sólo niños cuando el movimiento empezó, y que hoy se encuentran privados de muchas de las banderas de sus antecesores —pase escolar anual, gratuidad, fin del lucro, entre ellos—, pero que aún están imbuidos del espíritu contestatario que fue un ingrediente clave de aquellas movilizaciones. La toma, en ese contexto, se convierte en un fin en sí mismo.

Así lo entendió, por lo demás, la autoridad municipal: “Siempre las tomas han sido el último recurso que se utiliza cuando se agotaron todas las instancias. Ahora se hacen para empezar a conversar, (incluso) primero se hace la toma y luego el petitorio. Esto le está haciendo un gran daño al movimiento estudiantil”, dijo la alcaldesa de Santiago. A pesar de ese diagnóstico, la edil rehusó inicialmente el desalojo de la toma en el Instituto Nacional, argumentando que había sido decidida en votación por una mayoría de los estudiantes, lo que le daría legitimidad “democrática” (no así, en cambio, la toma del liceo Darío Salas la semana pasada, que ordenó desalojar por no haber sido votada).

Esa manera de presentar los hechos —para la cual el gobierno anterior sentó amplios precedentes— sólo puede ser entendida por los estudiantes como un aval de sus acciones, pues, más allá de la inconveniencia de sus formas, éstas tendrían una legitimidad de origen. Se trata, además, de una interpretación peligrosa de la idea democrática, pues envía a los jóvenes el mensaje de que toda decisión es válida mientras sea aprobada por la mayoría, incluso aunque implique desconocer los derechos de las minorías y quebrantar la legalidad, como ocurre con las tomas de establecimientos educacionales. En la práctica, además, socava la autoridad de apoderados y académicos, y pone en riesgo su capacidad de cumplir el rol que les corresponde dentro de la comunidad escolar.

Los estudiantes deben hacer a un lado la lógica que concibe a la toma como principal estrategia de presión sobre las autoridades. Al mismo tiempo, se hace urgente que el mundo adulto —autoridades, parlamentarios, apoderados, profesores y directivos— comience a dar señales inequívocas de que no se seguirán tolerando acciones que, además de ilegales, conspiran contra el primer objetivo de cualquier sistema de educación: que los alumnos asistan a clases. En este sentido, la decisión de desalojar la toma en el Instituto Nacional, precipitada por el incendio que se desató anoche en sus instalaciones, y el anuncio de que no se permitirán hechos similares en el futuro parecen constituir un bienvenido cambio de enfoque.