Revuelo por caso de adopciones irregulares

Ha salido a la luz el caso de una red informal de adopciones que operó en los años 70 y 80. En esencia, con la ayuda de un sacerdote de la congregación de los Sagrados Corazones y de varios médicos, familias cuyas hijas solteras quedaban embarazadas las convencían de mantener oculto su estado y de dar las guaguas en adopción apenas nacieran; en algunas ocasiones en que la madre insistía en conservar al niño, se le decía que éste había nacido muerto. Según testimonio del propio sacerdote, su papel consistía en contactar a las familias de las jóvenes con doctores que sabían de parejas infértiles interesadas en adoptar.
El religioso ha sostenido que el objetivo era evitar que las madres abortaran, protegiendo así un bien superior: el derecho a la vida de los niños. Aun siendo así, sin embargo, parece igualmente plausible que el fin último de las familias involucradas, como ha planteado la congregación tras conocerse estos hechos, haya sido “evitar la deshonra familiar”. Como sea, más allá de cuáles fueran las intenciones de los participantes y de la valoración ética que éstas merezcan, un resultado de sus acciones es el drama que viven muchas personas que saben —o peor aun, sospechan sin tener certeza— que fueron dadas en adopción de esta forma clandestina, y el de otras que confirman o intuyen que fueron padres sin saberlo y que se preguntan qué fue de esos hijos. Más grave aún, se preguntan cómo fue posible que ello ocurriera con complicidad de sus propias familias, de un sacerdote y de profesionales médicos reconocidos, todos actores en los que hubieran debido poder confiar.
Aunque todo indica que los hechos habrían ocurrido antes de la entrada en vigencia de la actual Ley de Adopción, en 1999, y que de configurar delitos éstos ya habrían prescrito, la revelación de este caso ha impactado a la opinión pública y motivado la reacción de distintas instituciones. El Sename presentó una denuncia ante la justicia para que se investigue posibles delitos cometidos tanto bajo la antigua normativa legal como bajo la actual, y en consecuencia la fiscalía Centro-Norte ha abierto indagaciones. El Colegio Médico, por su parte, analizará hoy el caso de un pediatra que participó en las adopciones irregulares, para determinar si es remitido al tribunal de ética del gremio.
En cuanto a la congregación de los SS.CC., ha suspendido temporalmente al sacerdote involucrado y ha ordenado una investigación interna de lo sucedido, a partir de cuyas conclusiones se decidirá si corresponde iniciar un juicio canónico. Esto, ha dicho la institución, en reconocimiento al hecho de que ha habido personas cuyos derechos han sido vulnerados. Estas medidas, aunque acertadas, parecen lamentablemente tardías, considerando la reciente admisión de que la congregación conoció de al menos dos de estos casos en años anteriores. Que sólo se pronuncie públicamente tras una revelación como la realizada por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) no contribuye a su prestigio como institución religiosa.
Si bien es importante establecer quiénes pueden haber tenido responsabilidad en estas situaciones, así como también importa conversar desprejuiciadamente sobre la época y el contexto socio-cultural en que ocurrieron —sin ánimo de justificar, sino de comprender más cabalmente—, el foco principal debe estar puesto en las víctimas, los hijos adoptados y sus padres. El reconocimiento público de que han sufrido una injusticia ha sido un paso clave, pero aun más valorables son iniciativas como la de poner a disposición de los interesados el programa Búsqueda de Orígenes del Sename, que permite buscar antecedentes sobre familiares biológicos, o la misma página web creada por los afectados, “Nos Buscamos”.