Cuando circula la palabra aborto

Por Carolina Carrera F.
Presidenta Corporación Humanas

Impresiona que en 2014 cause tal revuelo la iniciativa que anunció la Presidenta de presentar un proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres circunstancias: riesgo a la vida de la mujer, inviabilidad fetal o violación.

El solo anuncio activó las alertas de los sectores más conservadores y religiosos de nuestro país, que han desplegado campañas del terror en un afán por satanizar el debate y con argumentos falaces. Este anuncio se debe poner en un contexto global y no quedarnos en las cuatro paredes de Chile. No es posible que el resto del mundo esté por una cultura de muerte y sólo nosotros/as (Chile), Malta, el Vaticano, Nicaragua y El Salvador supuestamente optemos por la vida, ya que en otras partes existen consensos sociales, jurídicos y médicos que permiten o despenalizan el aborto, al menos en estas tres causales.

Este no es asunto de vida o muerte. Es cuestión de derechos humanos y de otorgar a las mujeres la posibilidad de no poner en riesgo su vida psíquica y física producto del aborto en condiciones clandestinas e insalubres. Los estudios nacionales e internacionales dan cuenta de que en ningún país se ha logrado reducir la práctica del aborto mediante leyes punitivas. Estas sólo han logrado incrementar los riesgos y la desigualdad, ya que las mujeres de mayores ingresos tienen opciones de salir del país y/o pagar a prestigiados centros de salud para abortar en condiciones seguras.

Basta de hipocresías y de decir que hay que abrir un debate, cuando van casi 25 años desde que se derogara el artículo del Código Sanitario que permitía el aborto terapéutico y se sancionara en el Código Penal, no como delito contra las personas, sino contra “el orden de las familias y la moralidad pública”.

Esta problemática nos incumbe a todos y todas, pero la opinión de los hombres debiera estar supedita a la opinión de las mujeres, ya que lo que está en juego es la vida de las mujeres. Hacemos un llamado a elevar los argumentos que se esgrimen y a examinar las convenciones internacionales que el Estado ha suscrito, pero sobre todo, a respetar a las mujeres y sus decisiones.