Desafíos en HidroAysén y La Araucanía

Continúan tomando fuerza los nuevos actores impelidos a intervenir en el debate público por los proyectos tributario, de despenalización del aborto y, sobre todo, educacional. Ciudadanos que se sienten afectados en sus ingresos o en sus creencias, sostenedores de colegios, padres de familia, profesores, organismos que los reúnen o entidades religiosas intervienen ahora en defensa de sus derechos o de sus posiciones doctrinarias. Estas voces responden sobre todo a los sectores medios y en buena medida al centro político, y quizás eso explique las últimas declaraciones, mucho más fuertes, del presidente de la Democracia Cristiana, que debe sentirse respaldado en sus anteriores “matices” y no quiere perder la ocasión de capitalizar ese inesperado aporte. Claro que lo mismo piensan en la Alianza, como sugieren, además de sus intentos fiscalizadores con distinto grado de justificación, las actividades de los senadores de RN por Santiago. En este panorama político que se hace más complejo, tres otros asuntos importantes destacaron en estos días.

Rechazo a HidroAysén. Sin entrar aquí al análisis técnico de la resolución del Consejo de Ministros, la expectativa de distintos sectores preveía ya el contenido de su decisión. Así, más allá del peso real de las deficiencias relativas al impacto en el entorno humano y natural de la zona, se le atribuía como factor determinante una consideración de carácter político y, por lo mismo, estaba instalada mayoritariamente la convicción de que el proyecto no sería aprobado. Contribuyeron a ello factores tan diversos como la tenaz y poderosa campaña de entidades ambientalistas, con apoyo incluso internacional, y la movilización social que así lograron; la postergación del problema durante el gobierno anterior, que obviamente eludió un pronunciamiento de su propio Consejo, y la expresa voluntad de la actual Presidenta, reiterada desde que era candidata, que hacía prácticamente inevitable este acuerdo unánime de sus ministros (episodio que guarda estrecho y desafortunado paralelismo con el precedente llamado del Presidente Piñera en el caso Barrancones).

Por la magnitud tanto del desafío energético nacional como del proyecto desechado, todo esto debe ser estudiado en detalle para sacar las lecciones que impidan su repetición y consolidar un mecanismo que garantice el bien superior del país, en especial de largo plazo, sobre cualquier ganancia de una empresa o el interés inmediato de un grupo, y por cierto de la presión masiva de quienes se atribuyen una representación ajena a los cauces institucionales. Urge poner en perspectiva este episodio dentro del ambicioso y necesario programa que inicia el ministro Máximo Pacheco y, en concreto, saber si sólo se ha rechazado HidroAysén o se impone el eslogan global de “Patagonia sin represas”.

El intendente Huenchumilla. Su agenda activa (y al parecer autónoma) lo sitúa en una situación privilegiada para influir, como asegura, en la paz social de La Araucanía, pero también en cuanto a la responsabilidad del procedimiento. Su primer discurso sobre la legitimidad de las reivindicaciones mapuches pudo calmar los ánimos más exaltados, pero posteriormente han venido nuevos ataques e incendios, y la visita del intendente al autor condenado del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay —tardíamente compensada por una reunión con víctimas de la violencia— es un grave error político que complicó al Gobierno, tal vez más allá de su intención. El afán pacificador es sincero, pero debe ordenar sus prioridades, porque las señales se acercan mucho a una validación de la violencia con fines reivindicativos, lo cual no puede sino alentar a los grupos más radicales que (como en el caso del mismo Celestino Córdova y sus reclamos de mayores beneficios carcelarios) procuran legitimar sus conductas delictivas.

Si bien el intendente lleva poco tiempo en el cargo, la intensidad de su trabajo debería mostrar ya algún resultado positivo. Ello no ha ocurrido y tampoco se percibe con claridad la nueva política gubernamental, pues las medidas para La Araucanía entre las 50 primeras comprometidas se refieren sobre todo a cambios burocráticos y explicitación de los derechos indígenas, mientras en la región crece la confusión sobre el futuro y algunas de las víctimas piensan pedir que el Estado las indemnice por los daños sufridos.

La demanda boliviana. En estos días, el refuerzo a la posición de Chile va tomando cuerpo y se hace más notorio. Por una parte, se explica mejor —y ya no sólo por el canciller Muñoz— el efectivo acceso comercial al Océano Pacífico del que Bolivia dispone a través del territorio chileno. Por otra, se complementa la defensa nacional fundada en el tratado de 1904 y las normas del Derecho Internacional con argumentos de carácter político, que al parecer sí son tenidos en cuenta por los jueces, a la luz de lo ocurrido con la demanda marítima peruana.

En lo inmediato, el debate interno se ha centrado en cuál sea la oportunidad más adecuada para impugnar la demanda alegando la incompetencia del tribunal. La mayoría de los parlamentarios, dirigentes partidistas, tres ex Presidentes y otras opiniones se inclinan por hacerlo antes del 15 de julio y de responder el tema de fondo, pero en los últimos días aumenta el número de figuras cercanas a la Mandataria (y de ella depende la decisión) que piden plantear ambas respuestas en conjunto. Las dos vías tienen sus ventajas y riesgos, y cualquiera sea el resultado siempre habrá quienes reprochen el camino escogido. Dada la tradición de cerrar filas tras la opción presidencial, ha sido quizás inconveniente alargar una polémica que en todo caso obligará al Gobierno a explicar después en detalle los motivos de su elección.