El debate sobre la AFP estatal

En el marco del cumplimiento de las promesas para los primeros 100 días de gobierno, se ha anunciado esta semana el ingreso al Congreso de un proyecto de ley que crea una AFP estatal, que junto al nombramiento de una comisión para estudiar el actual sistema de pensiones serían los primeros pasos en la agenda previsional de Michelle Bachelet.

Es importante entender que el solo planteamiento de una AFP gestionada por el Estado se presta para interpretaciones varias. Primero, hay quienes leen en este envío una señal de legitimación del sistema vigente por parte del Gobierno, esto es, una indicación de que sus intenciones en materia de reforma previsional serán ajustes a un modelo que funciona en sus ejes fundamentales. De hecho, fue la misma Presidenta quien en su período anterior, y de la mano de las conclusiones de la Comisión Marcel, introdujo mejoras al sistema actual. La idea de una AFP estatal sería así una manera de bajar la presión de algunos sectores de la Nueva Mayoría que abogan por cambios más radicales.

Para otros, en cambio, la AFP estatal es una especie de adelanto para una entrada más agresiva del Estado al área previsional, que debería migrar hacia un sistema de reparto más en línea con las premisas que sustentan las reformas en materia tributaria y educacional. La idea de establecer en Chile un modelo de derechos sociales universales y garantizados por el Estado sin duda “conversa” mejor con las pensiones manejadas y repartidas por ese mismo Estado.

El problema de ambas interpretaciones, y de otras que circulan, es que se postergan las verdaderas soluciones para mejorar las pensiones y ajustarlas a las expectativas de las personas. Hay amplio consenso técnico en que los factores demográficos han tenido gran impacto (desde 1981 a la fecha: hombres y mujeres deben financiar 6 y 7,3 años adicionales de pensión, respectivamente) y en que hay que avanzar en reducir las lagunas previsionales, revisar las edades mínimas de jubilación, aumentar la tasa impositiva, incentivar el ahorro de los trabajadores independientes (menos del 40% cotiza hoy), mejorar los niveles de informalidad laboral e informar bien a las personas para que muevan sus fondos como mejor les convenga.

No parece del todo adecuado embarcarse en un debate que no apunta a los verdaderos problemas del sistema, sobre todo cuando el texto del proyecto plantea varias interrogantes que se abrirán durante el trámite legislativo.

Conflictos de interés. El proyecto estima que la “AFP del Estado S.A.” estaría exenta de la norma que prohíbe al resto de las administradoras invertir en empresas relacionadas. Esto podría abrir la puerta para que se privilegien inversiones del sector público, o en algunos proyectos de impacto social muy grandes, que no siempre son rentables para los afiliados. El proyecto está redactado de manera de cubrirse de estas críticas, pero abogados que han analizado el texto aseguran que se debería acotar el margen de acción de la AFP estatal en sus inversiones en el sector público.

Un tema relacionado es que en el texto se asegura que la nueva AFP estatal será sometida a las mismas fiscalizaciones que el resto de la industria. Pero lo cierto es que no será en las mismas condiciones, ya que el superintendente del área será nombrado por el Presidente de la República, quien también nombra a los directores de la AFP estatal. Las administradoras privadas, por el contrario, no tienen relación alguna con las autoridades que las regulan. El argumento de que algunas materias serán vistas por la Contraloría y que la imparcialidad de ésta reduciría en cierta manera el problema anterior es discutible, ya que esta entidad tiene como misión fiscalizar fondos públicos y no privados.

Polémicas en el camino. Otro de los temas que deberá sortear a nivel de opinión pública el proyecto que se empieza a tramitar, al basarse en una mirada crítica de la competencia y nivel actual de las comisiones de las AFP, es qué ofrecer en estas materias. Las comisiones de las AFP, gracias al reciente mecanismo de licitación de las carteras de quienes ingresan al sistema por primera vez, están en niveles muy bajos. Hay quienes están poniendo sobre el tapete que el Estado debe ofrecer el servicio con una “comisión cero”, es decir, sin costo para el afiliado, sin reconocer que seguirá habiendo un costo, sólo que éste será asumido por todos los chilenos a través del gasto fiscal. Aun utilizando la infraestructura del Gobierno en materia de red de oficinas, los gastos administrativos más los profesionales que deciden las inversiones serían cargados a todos los chilenos, especialmente si se supone que bajo esas condiciones el traspaso hacia la AFP estatal sería elevado.

También será protagonista del debate la cuestión de si la AFP estatal se justifica para aquellos sectores de menores ingresos que estarían perjudicados por el esquema actual. Primero, hay que aclarar que las AFP no pueden por ley rechazar a un cotizante, y que gracias al mecanismo de licitaciones se garantiza la mejor comisión a quienes entran por primera vez al sistema y aún no conocen su funcionamiento. Muy probablemente, los parlamentarios de la centroderecha exigirán al Gobierno que explique exactamente cómo la AFP estatal mejorará la situación de estos segmentos.

El debate que se genere sí podría ayudar a que mejoren los niveles de información. Las cifras de desconocimiento del sistema son alarmantes: según la Encuesta de Protección Social, 85% de las personas no sabe qué porcentaje de su salario destina al ahorro para su pensión, sólo 1 de cada 3 sabe en qué fondo están sus ahorros previsionales y 80% no está al tanto de la fórmula de cálculo de las pensiones. La discusión, por tanto, es urgente.