Espiral de violencia en La Araucanía

El trágico episodio del asesinato en su hogar de un modesto parcelero de Toquihue, cerca de Victoria, puede simbolizar la grave situación de inseguridad que se vive en La Araucanía. Las primeras reacciones se centraron de inmediato en saber si era o no un delito más vinculado al conflicto mapuche. Mientras un hijo de la víctima culpa a la vecina comunidad de Temucuicui —se trate de un ataque deliberado o un error de identidad por un robo de animales—, el intendente afirmó que los antecedentes recibidos no se relacionan con el tema indígena, lo que complementó después con una enérgica condena a la violencia de cualquier tipo. La misma Presidenta Bachelet expresó su preocupación por el caso y el ministro del Interior viaja hoy a la zona, lo que marca la molestia oficial por el poco éxito del trabajo policial. Se suma a lo anterior el incendio ayer mismo de la casa que antes ocupó un vocero mapuche, con un mensaje que sí indicaría motivos de venganza, lo que ha sido repudiado de inmediato por la Asociación de Víctimas de La Araucanía.

A estas alturas hay conciencia formada en el país acerca de la justa demanda de los chilenos que se identifican con la etnia mapuche para que se reconozcan y se reparen en lo posible las injusticias que los han afectado a partir de la incorporación efectiva de ese territorio al control del Estado, sea por políticas equivocadas o mal aplicadas, sea por obra o abusos de particulares. También se comprueba la complejidad del tema y crece la alarma por la violencia de los métodos utilizados por una fracción radicalizada y audaz que dirige el movimiento reivindicativo, en medio de una gran mayoría de las comunidades de clara vocación por la paz, pero que podrían terminar siguiendo a ese grupo si sus problemas reales no son abordados por las autoridades con una visión amplia y medidas eficaces.

Dentro de ese marco general, el mayor obstáculo para un avance efectivo en las sucesivas propuestas formuladas para mejorar la situación social de La Araucanía es la incapacidad que hasta ahora muestran las instituciones policiales, judiciales y hasta gubernamentales para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, condición ineludible para cualquier solución duradera en otros ámbitos. Ello incluye por cierto y en forma preferente a la etnia mapuche, pero abarca la totalidad de la zona y sus habitantes, y las autoridades deben evitar ser capturadas en la trampa de verlo todo a través de la óptica del conflicto, tal como lo presentan los sectores interesados, y no cada asunto en su propio mérito.

El castigo y la erradicación de la violencia son urgentes y para ello no basta la sola vía del diálogo ni la creación de nuevas instituciones, que deben acompañarse de una acción preventiva y también sancionadora de los delitos. El intendente Francisco Huenchumilla ha asumido un plan que busca oír todas las voces e incorporar el mayor número de actores, sin prejuzgar sobre sus propósitos, pero paralelamente continúan los incendios, los robos y también las muertes. La actitud del intendente, valorable en sí misma, lo expone a muchas críticas, mientras crece el riesgo de que el cauce se desborde, lo que implica una lucha contra el tiempo que es difícil, pero forzoso, ganar. Ojalá el impacto que, según se ve, los últimos hechos han provocado en el propio Gobierno marquen una nueva etapa en sus políticas para la sufrida región.