La atenta mirada de la sociedad civil

En las democracias y sociedades libres modernas, las organizaciones de la sociedad civil —que ocupan un espacio social separado del Estado y el mercado— juegan un rol clave como generadoras de discursos y acciones que tienen impacto en toda suerte de ámbitos relevantes para la vida nacional. Reunidas en torno a intereses y temáticas de distinto tipo, estas agrupaciones pueden ejercer una influencia significativa en la contingencia, de lo cual han dado ejemplo reciente aquellas que se oponían al proyecto energético de HidroAysén o las que actualmente plantean reparos a las reformas tributaria y educacional impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

Una categoría dentro de la sociedad civil son las organizaciones que se abocan a mirar la acción del Estado en diferentes áreas, como el gasto público o la transparencia, entre otras. Lo que las inspira es la convicción de que un Estado que se sabe bajo permanente observación y evaluación de actores autónomos tiene más incentivos para mejorar sus prácticas, corregir los errores y sancionar a los responsables —en suma, de velar mejor por el interés público—, que uno que sólo debe rendir cuentas ante instituciones estatales. Un ejemplo de esta lógica es el diagnóstico que realizó la Fundación Ciudadano Inteligente (FCI) al cumplimiento de las 56 medidas anunciadas por el Gobierno para sus primeros 100 días —“Del dicho al hecho, ¿cuánto hay de trecho?”—, que publicamos en nuestra edición de ayer.

Según la FCI, el seguimiento a las medidas arrojó que éstas se han cumplido en un 76% y no en el 91% anunciado por el Gobierno. El objetivo principal no es “desenmascarar” ni denunciar, sino entregar a la opinión pública un análisis lo más objetivo posible del grado de consistencia entre lo que el Ejecutivo ha comprometido y lo que ha entregado, en el entendido de que resulta valioso hacer un ejercicio que confronta a la administración gubernamental con sus promesas y sus resultados, y que ello sea puesto a disposición de la ciudadanía para que se forme un juicio y actúe en consecuencia.

Si bien es imposible evitar que algunos puedan sospechar una eventual intencionalidad política detrás de un estudio como éste, las suspicacias pierden peso al considerar la forma metódica en que el documento recoge y organiza los datos, en función de variables medibles de “coherencia”, “verificación” y “cumplimiento”. Datos y variables, por cierto, que fueron conversados con distintas autoridades del propio Gobierno como parte del proceso de elaboración del estudio.

Este tipo de iniciativas resultan valiosas para una democracia sana. Fiscalizar al Estado desde fuera del Estado sólo es posible bajo un régimen que garantiza a los ciudadanos derechos y libertades que, entre otras cosas, incluyen la posibilidad de saber qué hacen las autoridades que los gobiernan, cómo lo hacen y por qué. Esto no sustituye la necesaria acción de instituciones que también velan, desde sus respectivas competencias, por el buen funcionamiento del Estado, como la Contraloría o el Tribunal Constitucional. Pero sí complementa la labor de esas instituciones, y permite a los ciudadanos contar con más elementos para evaluar la acción gubernamental y para orientar su respuesta en función de ellos. Esto refleja muy bien la idea de que la democracia se construye desde abajo y de que quienes han sido elegidos como custodios temporales del Estado —especialmente del Gobierno— deben tener conciencia de que actúan siempre bajo la atenta mirada de una opinión pública crecientemente empoderada para fiscalizar y hacer exigencias.