Los profesores en la reforma de la educación

El calendario del proyecto más trascendente de la Presidenta Bachelet partió por la polémica eliminación del lucro, el copago y la selección en la enseñanza particular subvencionada, más un bienvenido impulso al sector preescolar. Aunque el Gobierno estima necesario suprimir cuanto antes aquellos tres factores que a su juicio consolidan la desigualdad, muchos (incluso ahora los presidentes del MAS y del PPD) coinciden en que el tema prioritario debió ser el de la calidad que falta en el total del sistema, en especial en los establecimientos públicos, por la crítica situación en que se halla la mayoría de ellos.

Además de ser ése el objetivo central del cambio que se requiere, sólo cuando conozcamos tanto la definición de calidad que se pretende, como la estructura y el rol que se atribuye a la educación pública, sabremos realmente de qué se trata la reforma.

Hay un amplio consenso en que la orientación y el resultado del proceso educativo se juegan en el aula, y que el elemento clave para dicho mejoramiento es el profesorado, sin perjuicio de factores coadyuvantes como los programas de estudio o el material didáctico. Por ello es importante el anuncio oficial que detallamos el viernes de que este año, en el segundo semestre, se implementaría una nueva política para el magisterio, que busca atraer a estudiantes talentosos, darles buena formación, posibilitar su desarrollo profesional y retener a los docentes eficientes. Ello supone, entre otras cosas, nuevas exigencias a las universidades, mejores condiciones laborales con mayor incidencia del mérito en las remuneraciones, y menos horas lectivas para poder preparar las clases y perfeccionarse.

La tarea no es fácil, en vista de la situación actual: un tercio de los 140.000 estudiantes sin PSU y de quienes la rinden tienen bajos puntajes y alta deserción; 1.500 programas de pedagogía, de los cuales sólo el 10% cumple la obligación de acreditarse; 56% del 14% de egresados que dieron la prueba Inicia no dominaban los contenidos mínimos para enseñar; la profesión está entre las peor remuneradas y menos prestigiosas en la opinión pública. Por lo mismo, los cambios son indispensables y abarcan un mejoramiento sustancial de la profesión y de su rol social, con una efectiva evaluación de los maestros que incluya fuertes estímulos a los mejores y que también pueda llegar a la pérdida del cargo, a lo que habría que sumar un refuerzo a las atribuciones de los directores de escuelas y liceos.

El Colegio de Profesores no sólo ha manifestado una escasa disposición a medir el desempeño, sino que ayer anunció en forma inesperada su rechazo a los primeros proyectos del Gobierno por “insuficientes” y llamó a un paro nacional para el 25 de junio. En esto parece estar siguiendo la estrategia de los dirigentes estudiantiles, en un intento por marcar presencia en una agenda educacional en la cual éstos se han llevado el protagonismo en desmedro de la visibilidad de los docentes. Al respecto, es discutible que dejar sin clases por un día a decenas de miles de alumnos —afectando principalmente a los de la educación pública y los más vulnerables—, al igual que ocurrió en la reciente jornada de reflexión del magisterio municipal, sea la forma más constructiva de plantear las demandas del sector.

Es evidente que ninguna reforma educacional seria puede prosperar si no incorpora a los profesores en la discusión, pero la legítima defensa de sus intereses y puntos de vista debe ir acompañada de una disposición a aceptar mecanismos de rendición de cuentas —evaluación, incentivos y sanciones— en materia de desempeño profesional. Junto con eso, la reforma debe hacerse cargo de que el entorno social no ha sabido reconocer el decisivo aporte del magisterio y se halla en deuda con él.