Necesidad de un debate informado

En momentos en que el país discute temas tan relevantes y controvertidos como los cambios en la educación, la reforma tributaria o la despenalización del aborto bajo tres causales, resulta especialmente importante hacer esfuerzos por entender lo más cabalmente posible las realidades que se busca abordar. El impulsor de esos cambios —el Gobierno— tiene una responsabilidad mayor de realizar ese esfuerzo, para a partir de allí diseñar las propuestas de política pública que presentará a la ciudadanía.

El viernes último procuramos aportar información más precisa en dos de los temas que hoy concitan un apasionado debate, en un esfuerzo por dimensionar mejor sus alcances. En ambos llama la atención la distancia entre lo que se afirma como fundamento de las propuestas oficiales y su peso en la realidad, lo que crea legítimas dudas acerca de si estará ocurriendo lo mismo en otras materias.

Es el caso de los llamados “grandes empresarios” de la educación escolar y media, a quienes se atribuye parte importante de sus males. Una revisión de los diez sostenedores con mayor cantidad de alumnos en la enseñanza particular subvencionada (y con siete establecimientos en promedio) no muestra una gran calidad en el conjunto de su labor, aunque hay sí diferencias internas en los resultados escolares. Así, apenas dos de ellos están sobre el promedio nacional en la última prueba Simce de 8º año, y tres obtienen más de 500 puntos en la PSU, mientras cuatro no alcanzan el mínimo de 450. Si bien eso puede ser significativo, este grupo de “grandes” sostenedores posee un total de 72 colegios (14% son católicos, 3% de otras religiones y 83% laicos), en un universo de casi 13 mil en todo el país, y representa apenas el 3% de la matrícula nacional.

Sus defectos deben ser corregidos, sin duda, pero cuando el discurso oficial omite datos como ésos, que ayudan a poner en perspectiva la situación, se genera en la opinión pública la errónea impresión de que parte sustancial del sistema educativo, cuando no preponderante, se encuentra bajo el control de unos pocos actores privados cuya principal motivación es obtener ganancias económicas. Por el contrario, en su inmensa mayoría los colegios son manejados por los municipios y por entidades sin fines de lucro, o corresponden a esfuerzos individuales de antiguos profesores que manejan un solo establecimiento. Así, en los problemas que afligen al 97% de la matrícula no tienen ninguna incidencia estas “grandes cadenas” de colegios.

Otro ejemplo se refiere a la “cifra negra” de los abortos clandestinos, argumento que impulsa la futura ley de despenalización, donde se dan números muy diversos, que una entidad estimó en 1994 en 160.000 anuales, invocados el año pasado por senadores de la Nueva Mayoría. En entrevista con “La Segunda”, Elard S. Koch, investigador especializado en el tema, advierte que ello es incompatible con los datos conocidos de cerca de 250.000 nacimientos por año en Chile y el porcentaje de entre 12 y 19% de ese tipo de aborto que llega a los hospitales, lo que, considerando la fracción que no se hospitaliza y siguiendo una serie de ocho años, alcanzaría en 2008 un máximo de 20.675. Aquí hacen falta más estudios detallados, pero es claro que la primera cifra está muy sobredimensionada, pues no se condice con la realidad demográfica ni con las estadísticas hospitalarias..

Para tener el debate maduro y de altura que han pedido las autoridades, en éstos como en los demás asuntos en los cuales se quiere legislar, es preciso contar con argumentos basados en hechos bien establecidos, o al menos dimensionados en su justa perspectiva. La falta de antecedentes precisos para justificar una posición puede generar una visión errónea de la realidad que se busca corregir, desviando de la conclusión acertada. Todos los actores que participan en el debate nacional, pero especialmente el Gobierno que fija la agenda, deben realizar este esfuerzo de rigor intelectual.