Panorama energético en el Congreso

El rechazo al proyecto de HydroAysén, en voto unánime por el Comité de Ministros, supone un duro revés para este megaproyecto y abre un debate sobre la institucionalidad energética que se presentará en los meses que vienen.

Más allá de este proyecto y los problemas que pudiera haber presentado, se bloquea (y en este caso, prácticamente se elimina) una alternativa que con cinco centrales habría generado el equivalente al 30% de la energía que produce el país, cuyos requerimientos de suministro se duplicarán en 15 años. Hoy, Chile tiene uno de los precios de electricidad más altos del mundo y el Gobierno ha reconocido que la estrechez energética provoca aumento de los costos en la actividad productiva, pero también afecta en un plano políticamente más sensible: las cuentas de la luz residenciales. Según informó recientemente el ministro del ramo, Máximo Pacheco, si no se avanza en los proyectos de aquí a 10 años, las cuentas podrían subir 34%, lo que se suma a que desde el año 2010 al actual ya han subido 20%.

Luego de la decisión del Comité de Ministros surgen voces que culpan a la institucionalidad vigente, que es bastante joven, pues sólo desde 2010 tiene Ministerio y los tribunales ambientales debutaron recientemente. Muchos de los proyectos que hoy se cuestionan partieron su tramitación en fases más antiguas del sistema, que hasta hoy se está consolidando por la vía de reglamento y clarificación de procesos y requisitos.

El modelo de desarrollo eléctrico vigente ha sido exitoso, al punto que en 25 años ha permitido multiplicar por cuatro veces la disponibilidad de energía eléctrica del país, incluso con shocks importantes como sequías, corte de gas de Argentina y alza de precios internacionales de combustibles. La Agenda de Energía presentada por el ministro Pacheco hace unas semanas valida este modelo, al presentar propuestas que no apuntan a reformularlo en sus bases, sino que a darle un mayor rol a la planificación del Estado, pero resguardando la iniciativa privada en su desarrollo.

Por eso, parece inconveniente que se pida un proyecto de ley que refunde el sistema de aprobación medioambiental. Por el contrario, el Congreso debiera abocarse a los temas pendientes, como, por ejemplo, regular y potenciar los aportes locales que les permitan a las comunidades participar de los beneficios de estas inversiones. También se abrirá el debate legislativo en materia de áreas protegidas, lo que será determinante para el desarrollo de la actividad productiva en estas zonas.

Carretera eléctrica. Hay también un proyecto que ya está en el Congreso -el que propone una carretera eléctrica- y que, mediante indicaciones, podría ser modificado por el Gobierno para servir a algunos de los objetivos planteados en su plan energético presentado recientemente.

El texto que hoy está en primer trámite del Senado fue presentado por el gobierno de Sebastián Piñera con el objetivo de dar mayor certeza jurídica a los inversionistas, en el marco de crecientes proyectos paralizados. No se trata de un concepto físico -una carretera única que cruce el país, como muchos se imaginan-, sino que de una serie de normas aplicables a algunas de las líneas de transmisión. Lleva casi dos años de tramitación sin avanzar a segundo trámite. Tal como muchos de los proyectos de esta área, choca con la presión de grupos de intereses.

Desde 2010 a la fecha, son pocas las nuevas leyes en materia energética, entre las que se encuentran la que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales (conocida como “net metering”) y la de certificación de calefactores a leña. Más complejos fueron los proyectos de Concesiones Eléctricas y el llamado “20/25″ (que fuerza la entrada de energías renovables no convencionales -ERNC- a la matriz energética). Si bien el primero era un proyecto necesario para agilizar el establecimiento de servidumbres para la infraestructura de transmisión energética, el segundo resultó ser la moneda de cambio para aplacar las voces desde la industria de las ERNC y de los ecologistas.

Agenda legislativa de Bachelet. Es de esperar que el ministro Pacheco pueda manejar adecuadamente estas fuerzas al momento de presentar al Congreso el listado de 11 proyectos de ley que compromete la Agenda de Energía. Entre los que serán presentados en primer lugar están las modificaciones al marco legal para las Licitaciones de Suministro de Electricidad a clientes regulados, creación de nueve Seremías de Energía en las regiones del país donde hoy no existen y la renovación de la Franquicia Tributaria de Colectores Solares (todos en el tercer trimestre del 2014). En 2015 y 2016, vienen algunos de relevancia como la propuesta de Ley de Eficiencia Energética, el de Ley de Impulso a la Geotermia y la Modificación a la Ley Orgánica ENAP (que incluye el gobierno corporativo y capitalización). Este último requerirá especial atención, ya que esta empresa estatal ha acumulado millonarias pérdidas y, en este contexto, genera dudas respecto de la conveniencia de aumentar aún más sus recursos.

Dado que la agenda legislativa se viene bastante nutrida en materia energética, lo que es positivo para despejar las actuales trabas, es importante que su debate en el Parlamento y la sociedad considere adecuadamente todos los aspectos técnicos, ambientales, económicos y de respeto a las comunidades, pero que los legisladores cuiden de no convertirse en rehenes de grupos de presión que impidan que el país pueda desarrollar lo más armónicamente posible sus capacidades energéticas.