Tomas de colegios y daño a la educación pública

La toma del Liceo 1 de Niñas, a la cual podrían sumarse las de otros colegios municipales que planean votar medidas similares, parece confirmar que las autoridades deben encontrar rápidamente formas de desactivar una situación que bien podría ir en escalada. La primera de ellas debiera consistir en adoptar una postura de mayor firmeza ante lo que la alcaldesa de Santiago ha calificado como una “banalización” de las tomas, que de ser un recurso de última instancia ante la supuesta imposibilidad de plantear demandas por otra vía, se han transformado en la estrategia por defecto de los estudiantes.

Hace un par de semanas, la alcaldesa anunció que no se permitirían más tomas de colegios en la comuna —incluso aunque hubieran sido votadas por una mayoría de los alumnos—, luego de que un incendio nocturno ocurrido al interior del Instituto Nacional mientras estaba tomado por un reducido grupo de jóvenes obligara a desalojar el establecimiento. Sólo horas después los estudiantes volvieron a ocupar el colegio y la autoridad edilicia retrocedió sobre su advertencia anterior (aunque ha vuelto a ser desalojado, los alumnos se niegan a volver a clases), lo que este diario consideró una señal de que arriesgaba alentar dinámicas similares en otros colegios, como parece ahora estar ocurriendo.

No cabe extrañarse de que jóvenes en etapa de maduración hayan “banalizado” un mecanismo que las autoridades han contribuido a legitimar con la idea de que se justifica cuando es votado por una mayoría de alumnos, desconociendo que ocupar un recinto público es un acto de fuerza. En la raíz subyace una concepción errada de la democracia que entiende que la voluntad de la mayoría puede válidamente imponerse, aun cuando eso implique negar los derechos de la minoría (el derecho a la educación de quienes sí quieren asistir a clases, por ejemplo) o incluso quebrantar la legalidad, impidiendo que el establecimiento cumpla su función de impartir enseñanza y el derecho al trabajo de funcionarios y docentes.

El rasgo más evidente de la banalización de este instrumento, sin embargo, es el hecho de que la reciente toma del Instituto Nacional, por ejemplo, fue decidida sin que sus promotores tuvieran un petitorio de demandas que plantear a las autoridades. De hecho, hasta ahora no lo han acordado, y su discurso remite a su exigencia de participar más directamente en la reforma educacional en curso. En el Liceo 1 de Niñas, en tanto, los reclamos con que se justifica la toma no sólo tienen que ver con la educación, sino con instalaciones deficientes o con los precios del quiosco que funciona en el colegio. En un contexto en que el país se ha embarcado en una reforma educacional que recoge gran parte de la agenda estudiantil de los últimos años, los escolares hoy justifican protagonizar acciones de fuerza como las tomas para plantear a las autoridades municipales y nacionales problemas que son más bien responsabilidad de la administración y dirección de sus colegios.

Es una lamentable paradoja que las ocupaciones de colegios —que en sí mismas conspiran contra una mejor educación, en la medida en que impiden su requisito básico: la asistencia a clases— afectan principalmente a establecimientos del sistema municipal, precisamente el ámbito donde las carencias hacen más urgente y necesaria una reforma que apunte a la calidad. El Gobierno le ha dado a la educación pública una prioridad secundaria en su proyecto de reforma, hasta ahora concentrado principalmente en temas que atañen al sistema subvencionado —como el lucro—. Sería equivocado que esta opción, de por sí discutible, tuviera como complemento una política y un discurso en que las autoridades de distinto nivel avalan tácita o explícitamente tomas que, a estas alturas, no contribuyen a fortalecer la educación pública, sino a debilitarla.

Aunque el Mineduc trabaja en el diseño de subvenciones específicas para ese segmento, aún no es claro su uso exacto ni en qué medida inyectar recursos alcanza para abarcar los muchos problemas del sistema público.