Un paso necesario de la Cancillería

Se ha puesto en marcha, por instrucciones del ministro Heraldo Muñoz, una iniciativa de la diplomacia chilena para difundir a nivel internacional tanto la verdadera situación de acceso al mar con que cuenta Bolivia, como los argumentos de derecho que confirman la improcedencia de su demanda ante la Corte de La Haya. Y ello debido a que el gobierno boliviano ha optado por una campaña con alegaciones básicamente emocionales, pero de probable alcance político, que busca alterar por vía indirecta el tratado suscrito en 1904 y desinforma respecto de las condiciones que el país vecino goza en los puertos chilenos.

Ya en el caso de la demanda peruana quedó en evidencia que, más allá del debate legal, el país vecino procuró influir para obtener un fallo “salomónico” que modificara el resultado puramente jurídico. En esa línea, y con mucha más claridad, el Presidente Evo Morales —que ha intentado muchas veces, en especial en asambleas regionales, comprometer a otras naciones en un asunto netamente bilateral— acaba de dar a conocer un “Libro Azul” destinado a captar adherentes, lo que comprueba la necesidad de que Chile no se limite a sus sólidos argumentos de derecho y muestre también, ante la comunidad internacional, lo que ocurre día a día con el supuesto aislamiento de Bolivia.

Tal como detallamos ayer, los privilegios de que ese país goza en materia de vías de comunicación y movimiento comercial a través del territorio chileno no sólo tienen más de cien años de ejercicio, sino que han aumentado notoriamente en el último tiempo, llegando en 2013 a hacer posible el traslado de 2.742.000 toneladas entre importaciones y exportaciones, con uso gratuito y libre de impuestos de diversas instalaciones y facilidades portuarias, todo lo cual le evita un costo de cien millones de dólares anuales.

El dossier preparado por la Cancillería se refiere, asimismo, a la vigencia del tratado que fija los límites territoriales entre ambas partes, y a las graves consecuencias que tendría la aceptación de la tesis boliviana de unos supuestos “derechos expectaticios” derivados del intercambio de posibles alternativas de solución que luego fracasaron. Sobre esa frágil base se pide que la Corte obligue a Chile a otorgarle al país vecino una salida soberana al mar porque alguna vez se habló del tema, aunque la misma Bolivia haya puesto fin a tales gestiones. Con toda razón, el aludido documento chileno hace notar que semejante criterio impediría a cualquier Estado participar en negociaciones diplomáticas, donde libremente se sugieren eventuales salidas que después se desechan, y sólo vale lo que en definitiva se acuerda.

La indispensable labor que así ha iniciado la Cancillería requiere la colaboración del conjunto de las autoridades nacionales y sobre todo de los parlamentarios, varios de los cuales y especialmente los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores ya estaban en esa tarea con sus contactos en distintas naciones. Por lo mismo, cabe esperar que este dossier sea parte de una completa estrategia en el mismo ámbito político y social donde se ha situado la campaña boliviana.