Acuerdos e incertidumbres

Si en estos días la centroderecha ha mezclado la satisfacción por los cambios que la Comisión de Hacienda del Senado introdujo a la reforma tributaria (sentimiento compartido por los sectores medios) con su propio pronóstico de que aun así ella tendrá efectos dañinos en la economía, en el oficialismo se multiplican las reacciones negativas por la forma y el fondo de aquella negociación y crece el número de los que advierten que algo así no volverá a ocurrir, sobre todo en materia de educación. Estimulados por algunos dichos poco afortunados de varios que se autocalifican como autores de tales cambios, en los diputados de la Nueva Mayoría hay molestia por la falta de consideración y de transparencia al no ponerlos al tanto, a ellos y a la opinión pública, de lo que se gestaba fuera del Congreso. Más grave es la postura que algunos adoptan de total rechazo a cualquier modificación a las propuestas de reforma por el solo hecho de que emane de un consenso con la oposición.

Aunque la Presidenta Bachelet aplaudió el acuerdo ya logrado y expresó su deseo de que hubiera más, en el tema educacional surge otro factor, explícitamente reconocido por el PC y por la Confech: la ideología, que a juicio de ellos separa radicalmente las aguas con la centroderecha (¿y con la DC?), haciendo impensable un entendimiento que no sea la adhesión de la minoría a la mayoría parlamentaria. Compleja perspectiva para la principal reforma del programa presidencial, más aun por lo que podría significar para el clima político en que se inicie la discusión de otras iniciativas de difícil tramitación, como los cambios a la Constitución o la agenda legislativa laboral, entre otras.

Los primeros efectos. Antes de que ese problema se concrete, el mal ambiente que se ha creado en el oficialismo puede afectar incluso a la reforma tributaria, tanto por indicaciones —como una anunciada por el senador Navarro— que en la discusión particular del acuerdo intenten modificarlo, como en el tercer trámite en la Cámara: ya el diputado DC Lorenzini optó por no concurrir a las reuniones con el ministro Arenas y, además de la resistencia de los diputados de la Nueva Mayoría al texto del Senado, se dice que siete opositores RN, además de algunos UDI, estarían por votar contra la reforma, aun modificada.

El Ejecutivo confiaba en que, pese a la molestia de sus huestes, allí los cambios serían aceptados, pero no pocos en el oficialismo repudian aquel consenso “entre cuatro paredes, ni democrático ni legítimo”, y hasta se habla de una traición del Gobierno. Aun así, lo más probable continúa siendo la aprobación final de las modificaciones —aunque no cabe descartar algún retroceso puntual que obligara a ir a comisión mixta—, sin necesidad de llegar a la hipótesis de que los votos opositores reemplacen las eventuales deserciones oficialistas. Para el futuro, las mayores preocupaciones parecen estar en el real rendimiento impositivo de la nueva ley y en las posibilidades de evasión o elusión que se hayan abierto.

Demandas estudiantiles. La Confech rechaza toda negociación similar a la tributaria y pide intervenir con efecto vinculante en la elaboración de los proyectos de ley, con la condición previa de que se derogue el DFL 2 que impide la participación estudiantil en las instancias de gobierno universitario, y los secundarios quieren lo mismo para ellos. El ministro Eyzaguirre accedió al deseo de participar de la Confech, descartando posibles “arreglines” (difícil no ver allí una alusión al acuerdo tributario), y también a la derogación solicitada, pero los estudiantes exigen fijarle fecha. En cuanto a la intervención estudiantil en los proyectos, habrá una serie de diálogos ciudadanos en todo el país para explicar la reforma y recoger ideas, las que sólo “incidirán” en las propuestas del Gobierno, sin otro compromiso explícito. Una relativa novedad es la de que se incluya en el fin del lucro a los colegios particulares pagados, lo que sin duda despertará nueva polémica. Todos estos aspectos serán revisados el lunes por la directiva universitaria.

Otras opiniones. Por su parte, la bancada de diputados ex dirigentes estudiantiles afirma que los acuerdos deben ser sólo “entre los que quieren cambios” y Gabriel Boric agrega que sin pacto social no habrá reforma legítima. La dificultad, por cierto, está en que por una parte las manifestaciones y tomas de colegios se desvalorizan en la opinión pública por sus excesos —y el propio ministro dijo estar abierto a los consensos, pero no a las políticas “a gusto de la calle”—, y por otra aumenta la crítica de los apoderados, que fueron también un movimiento social el fin de semana pasado en varias ciudades, pidiendo el retiro del proyecto que suprime la selección, el lucro y el financiamiento compartido. El director del CEP y ex ministro de Educación, Harald Beyer, opina que la reforma pone en riesgo la libertad de enseñanza, entendida como la posibilidad de ofrecer proyectos educativos determinados, y la subsecretaria de Educación la entiende sólo como el derecho de los padres a elegir el colegio para sus hijos, pero ambos elementos son reales y compatibles.