Buena señal en educación técnico-profesional

Ayer fue presentada oficialmente una nueva asociación gremial, “Vertebral”, que agrupa a quince establecimientos educativos acreditados de nivel técnico de todo el país —institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT)—, que concentran más del 70% de los 500 mil alumnos que hoy estudian en esas instituciones. Según dijo su vocero, el rector de Inacap, “queremos hacer propuestas para mejorar las políticas públicas en esta área, colaborar con buenas prácticas e impulsar la valoración social de la educación técnico-profesional”.

Esta iniciativa debe ser celebrada por dos grandes razones. Por un lado, es otro ejemplo de cierta bienvenida —y más bien reciente— vitalidad de la sociedad civil, que se suma a iniciativas como las que fiscalizan la transparencia de los organismos públicos, defienden los derechos del consumidor, representan los intereses de diversas minorías, o impulsan temáticas como la protección del medio ambiente y la planificación urbana, por nombrar algunas. Al ocupar un espacio social separado del Estado y el mercado, las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol clave en las democracias y sociedades libres modernas, y su impacto abarca un amplio abanico de ámbitos relevantes para la vida nacional.

Por otra parte, la creación de “Vertebral” es auspiciosa porque representa un esfuerzo por enfatizar y fortalecer el rol que cumple la educación técnico-profesional en el sistema educativo en general, pero también en las perspectivas de desarrollo del país, a medida que los procesos productivos y la operación de los mercados se hacen más complejos, con mayores demandas de especialización. Esta educación, como bien sintetizó el vocero del nuevo gremio, tiene un doble rol: “Por un lado, contribuye a la movilidad social, al ser carreras más cortas, más pertinentes laboralmente y de menor costo. Por otro, contribuye al capital humano que los sectores productivos del país necesitan para su desarrollo”. En efecto, que 65% de los alumnos de los planteles agrupados provenga de los dos quintiles de menores ingresos, según cálculos de “Vertebral”, y que el 71% de ellos sean alumnos de primera generación en alcanzar la educación superior, sugiere que cumple una importante función como motor de superación de las barreras socio-económicas de origen. En cuanto a su impacto en el desarrollo económico, el activo interés de la minería por definir las especialidades técnicas más requeridas por el sector, a través del Consejo de Competencias Mineras, es prueba de la importancia que los privados atribuyen a este nivel educacional.
Sin embargo, la educación técnico-profesional no ha estado entre las prioridades de los últimos gobiernos y el programa de la actual administración sólo le dedica un par de párrafos y aborda sus desafíos —y potencialidades— en términos muy generales, adoptando el mismo enfoque que predomina en el resto de la reforma: un fortalecimiento del papel del Estado, en este caso por la vía de impulsar cambios en el currículum y de crear centros de formación técnica estatales, como los que anunció recientemente para cada región del país.

Es de esperar que esta iniciativa gremial concrete una colaboración productiva entre los establecimientos técnico-profesionales y el Estado en términos de fortalecer el crecimiento y la calidad de un nivel educativo que generalmente ha recibido menos atención de la que amerita.