Calidad docente: ausente del debate

Logrado un acuerdo para la aprobación de una reforma tributaria esta semana, queda en la trinchera la reforma educacional, segundo eje del programa de Gobierno. Este debate ha comenzado con fuerza, a medida que se ha ido conociendo el detalle de los proyectos y aumentando el coro de voces que plantean cuestionamientos. Antes que en la calidad, sin embargo, el foco del Ejecutivo ha estado en aspectos administrativos, como la eliminación del lucro, el copago y la selección en las escuelas. Lo que ocurre en el aula, que según el consenso de los expertos es el eje de cualquier mejora educacional, ha estado fuera del debate.

Un muy citado informe McKinsey de 2007, donde se compararon los métodos de 10 países de excelencia educacional -como Finlandia, Corea del Sur, Japón y Canadá, entre otros-, concluyó que los buenos docentes se construyen en tres etapas: atraer a las personas más aptas para ejercer la docencia, formarlas para ser instructores eficientes y, por último, implementar mecanismos de apoyo específico para garantizar que todos los niños puedan acceder a los beneficios de una instrucción de excelencia. Lamentablemente, Chile tiene deficiencias en esas tres áreas.

En primer lugar, urge mejorar la oferta de pedagogías: un alto porcentaje no tiene acreditación (aproximadamente el 18% de la matrícula universitaria y el 57% de institutos profesionales) y su selectividad es baja (un tercio de las carreras no exige ni siquiera la PSU). Segundo, hay un contingente de estudiantes de Pedagogía que puede no tener espacio en el mercado laboral, pues son unos 120 mil jóvenes los que cursan esta carrera, y son 180 mil los profesores del sector subvencionado. Y estos egresados no logran las competencias mínimas necesarias para liderar el proceso de educación, ya que más de dos tercios califican como “insatisfactorio” en la prueba Inicia. En cuanto a los que ya ejercen, el 22% de los 16 mil profesores que se sometieron a la evaluación docente de 2012 quedó en nivel básico.

¿Qué hacer? Ya hay ciertos avances en la mejora de los puntajes de la PSU con la Beca Vocación de Profesor, pero son insuficientes. Una alternativa es exigir a las universidades puntajes mínimos para la carrera de Pedagogía y combinar esto con una evaluación obligatoria a mitad de la carrera y al egreso. El problema es qué pasa con el futuro de un estudiante que ha invertido en varios años de estudios superiores y no logra aprobar estos exámenes. ¿Debe asumir la universidad el costo extra de un semestre adicional de formación? ¿Qué pasa con las instituciones con alta tasa de falla en estas pruebas?

Otro tema es subir la remuneración para egresados con buen rendimiento, lo que sería un incentivo para el ingreso de buenos estudiantes al sector subvencionado. Pero esto sólo funcionará en la medida que se complemente con medidas de largo plazo que hagan de la docencia una carrera con perspectivas, y si el rendimiento académico se traduce en un mejor desempeño docente. En este sentido, podrían aumentar las asignaciones de excelencia pedagógica y sumarlas a una buena evaluación descentralizada de los directores de cada colegio. También es clave definir mecanismos -y alcanzar un consenso social al respecto- para desvincular a aquellos profesores que no logran remontar en sus resultados.

A las mejores remuneraciones habría que sumar más horas de preparación de clases, pues Chile es uno de los países de la OCDE en que los profesores tienen mayor número de horas lectivas.

Proyecto en el Congreso. El gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto de carrera docente que abarcaba desde la formación de los profesores a diversas recompensas y “castigos” durante la vida profesional. Aunque se empezó a tramitar, debió dividirse en dos para tener viabilidad política. El proyecto sólo conservó lo referente al inicio de la profesión docente, pero aún así no logró ser aprobado. Ha trascendido que el actual Gobierno contemplaría retirar ese proyecto a petición de los líderes estudiantiles y ciertos grupos organizados de profesores, para reemplazarlo por una iniciativa cuyo contenido no se ha informado.

Algunos de los puntos podrían coincidir con el programa de Bachelet, que acertadamente se fija como meta “que la profesión docente esté dentro de las más valoradas socialmente” y que propone una serie de medidas para potenciar el perfeccionamiento de los docentes, tanto en lo relativo a su desempeño en el aula como a su formación profesional. Muchas de esas medidas son adecuadas y forman parte del consenso técnico de los últimos años -con el aporte acumulado de sucesivas comisiones de educación transversales-, por lo que resulta llamativo que el Gobierno no les otorgue prioridad. Estas ideas probablemente concitarían mayores grados de apoyo político transversal, a diferencia de las controvertidas propuestas que hoy dominan la discusión de la reforma.