Dos estilos, dos resultados
A poco más de tres meses de asumir, el Gobierno de la Presidenta Bachelet enfrenta un clima político de tintes adversos —en gran medida por acción propia y de su coalición— que claramente no había previsto, al menos no en una etapa tan temprana de su mandato. A pesar de las mayorías con que puede […]
A poco más de tres meses de asumir, el Gobierno de la Presidenta Bachelet enfrenta un clima político de tintes adversos —en gran medida por acción propia y de su coalición— que claramente no había previsto, al menos no en una etapa tan temprana de su mandato. A pesar de las mayorías con que puede contar en el Congreso y del consenso inicial en torno a sus dos principales reformas —educativa y tributaria—, éstas han encontrado una tramitación legislativa inesperadamente difícil, junto con la oposición organizada de un grupo de actores cada vez más nutrido y diverso que ha incluido a figuras relevantes del propio oficialismo.
Las críticas al desempeño político del Ejecutivo a la hora de impulsar su agenda se han centrado tanto en los contenidos de sus dos principales reformas, que han suscitado intensa controversia, como en la manera en que ambas han sido conducidas a través del proceso legislativo, todo lo cual ha motivado acusaciones de falta de disposición al diálogo e, incluso, de excesivo dogmatismo en contra de La Moneda y sus ministros de Hacienda y Educación. Sensible a este clima, el Gobierno en las últimas semanas se ha abierto a considerar cambios a sus propuestas que antes había descartado, pero aun así persiste en una actitud de relativa inflexibilidad en temas de fondo que le está generando un costo en los niveles de apoyo a su programa, incluso entre sus partidarios.
En este contexto, los avances que está logrando el ministro del Interior en sus esfuerzos por impulsar una reforma al sistema binominal ofrecen un nítido contraste. La reforma electoral no figuraba entre las prioridades de corto plazo del Gobierno, que la incorporó intempestivamente en la agenda legislativa del primer año —sorprendiendo a aliados y opositores—, todo lo cual le auguraba un destino poco promisorio en un panorama dominado por el intenso debate tributario y educativo. No obstante, la gestión política de Interior ha conseguido sumar a su propuesta electoral a uno de los nuevos referentes de la centroderecha, con lo cual el Ejecutivo no sólo cumple el objetivo de ampliar más allá de sus filas la base de apoyo para un cambio estructural del sistema político —acrecentando así tanto su legitimidad y su viabilidad, como sus posibilidades de permanencia—, sino que a la vez propicia un cuadro político que presenta desafíos para el resto de la oposición, pues pone de relieve sus divisiones internas y la hace aparecer más reactiva que propositiva.Ese resultado positivo, si bien preliminar, parece fruto de un estilo de negociación política que no se ha visto replicado de igual manera en la conducción de las otras dos grandes reformas. Donde Interior se ha mostrado en líneas generales dialogante y flexible al momento de recoger planteamientos de actores oficialistas y no oficialistas, las carteras de Educación y Hacienda han desplegado —si bien con un esfuerzo reciente por moderarla— una estrategia comunicacional y legislativa que durante semanas tendió a enfatizar las diferencias antes que a acercar posiciones. Con ello han dado la impresión, con preocupante frecuencia, de que la voluntad de imponerse con sus votos en el Congreso es más fuerte en el Gobierno que el deseo de convencer con sus argumentos o que la disposición a evaluar objetivamente las razones de sus detractores.
Así, conviven en el Gobierno dos estilos de gestión política para enfrentar la tarea de impulsar su programa, pero sólo uno de ellos parece estar rindiendo réditos visibles. Si bien es indudable que, por las materias que abordan y por las importantes consecuencias que implican para el futuro, las reformas a la educación y al sistema de impuestos son de suyo especialmente complejas y polémicas, también es claro que no han sido llevadas adelante con suficiente cuidado por la insoslayable dimensión política que tiene el debate de cambios estructurales de esta naturaleza y envergadura, y que eso explica en buena medida los problemas que están enfrentando. Aunque el juicio definitivo sobre la reforma electoral dependerá de los méritos reales del proyecto legislativo correspondiente, la forma en que está siendo impulsada es la correcta y debiera ser la que mueva de aquí en adelante al conjunto del programa gubernamental, pues abre para la Nueva Mayoría una mejor oportunidad de avanzar en sus grandes ejes.