Independencia y modernización de la justicia
Por Cristian Maturana Miquel
“El actual sistema de organización del Poder Judicial no es garante suficiente de la plena independencia de los jueces que integran sus tribunales”.
Por Cristian Maturana Miquel
Profesor de la U. de Chile
Centro de Ideas
Acción Plural
En nuestro sistema de justicia, la carrera de los jueces depende directamente de la alineación de sus fallos con los intereses de los tribunales superiores y de la organización como un todo. Hoy, tanto la Corte Suprema como las Cortes de Apelaciones tienen la atribución de calificar el desempeño, juzgar disciplinariamente y promover a los jueces. Con ello, los tribunales superiores de justicia son al mismo tiempo órganos jurisdiccionales y de gobierno judicial, provocando una dependencia jerárquica, más que funcional, entre los tribunales de instancia y los tribunales superiores.
Así las cosas, el actual sistema de organización del Poder Judicial no es garante suficiente de la plena independencia de los jueces que integran sus tribunales. Para cautelar esta independencia, sería necesario separar el ejercicio de la función jurisdiccional de las facultades disciplinarias. La Corte Suprema debería tener primordialmente la función de unificar la jurisprudencia. Mientras tanto, la última instancia para la solución de conflictos particulares deberían ser los tribunales de alzada (cortes de apelaciones). Esto aseguraría mayor igualdad, predictibilidad y eficiencia en la aplicación del derecho, y podría reducir el número de causas que llegan a la Suprema.
Las funciones administrativas deberían ser ejercidas a través de un órgano denominado Consejo de la Justicia, el cual podría estar integrado por miembros elegidos en votación directa por los jueces y ministros de los tribunales superiores, designados con la participación de representantes de colegios profesionales, universidades y miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso, diluyéndose así la influencia derivada de la centralidad de la decisión.
De esta forma, se pretende lograr que los jueces dejen de verse como perseguidores de una carrera funcionaria, sino que sean más bien parte de una organización funcional con un sistema de remuneraciones semejantes, estimulándose la permanencia en el cargo y la continua capacitación para el mejor ejercicio de la justicia.