Mirada energética de largo plazo

Esta semana, durante una gira por Estados Unidos en la que participaba junto al ministro de Energía y empresarios del rubro, el gerente general de Enap confirmó que el primer envío del llamado shale gas (gas de esquisto) llegará a Chile en el primer semestre de 2016. Se trata de una buena noticia para el país, recalcó el jefe de la empresa petrolera estatal, ya que un contrato como éste contribuye a aumentar la estabilidad del suministro por la vía de diversificar el origen del gas natural licuado que importamos, y que en este caso tiene la ventaja adicional de caer bajo el paraguas del tratado de libre comercio vigente con EE.UU., lo que implica que el hidrocarburo no deberá pagar arancel, beneficiando así al consumidor final.

El anterior es uno de los pasos que el actual Gobierno emprende en el marco de su agenda energética, entre cuyos objetivos está dar mayor seguridad al flujo de suministros de un país importador neto de energía como el nuestro, que ya ha tenido experiencias negativas en esta materia, como ocurrió en su momento con el gas comprado a Argentina, acuerdo que ese país canceló unilateralmente para priorizar su demanda interna de combustible. Es una medida acertada, por tanto, que a la vez refleja los desafíos de un panorama energético nacional marcado por el alza sostenida de la demanda que viene aparejada con el desarrollo económico y la mayor capacidad de consumo, y por un margen cada vez más estrecho para garantizar que la generación de energía —por razones que abarcan tanto aspectos técnicos y económicos, como políticos y sociales— crecerá en la proporción requerida para satisfacer el crecimiento de dicha demanda.

En este sentido, la industria del gas de esquisto norteamericano —que se acumula en determinadas formaciones rocosas— ofrece un ejemplo del que Chile podría extraer lecciones de cara a sus necesidades energéticas en el mediano y largo plazo. Se trata de una tecnología desarrollada en EE.UU. que ha madurado en la última década y que ha alterado radicalmente su escenario energético al reducir su dependencia de las importaciones de petróleo. Pero eso ha sido posible porque a la innovación tecnológica se ha agregado la decisión de aprovechar el potencial que representan las cuantiosas reservas de gas de esquisto que posee el país.

En Chile existe consenso técnico respecto del potencial desaprovechado de la hidrolectricidad como fuente de energía, a pesar de que sus caudalosos ríos entregan ventajas comparativas evidentes. En un país con una matriz energética centrada en quemar combustibles fósiles —con su inevitable impacto ambiental—, la posibilidad de generar electricidad limpia aprovechando sus propios recursos naturales debería ser analizada estratégicamente, sopesando racionalmente los pros y los contras en esta materia, que no sea rehén de consignas ideológicas ni de urgencias políticas coyunturales, y para el cual las autoridades están en mejores condiciones de fijar los términos.

Lo mismo es aplicable a la discusión sobre la energía nuclear. Es obvio que esta opción implica ciertos riesgos junto con sus beneficios —tanto por la tecnología en sí como por las características geográficas de Chile—, pero para entenderlos en su correcta dimensión y tomar decisiones en consecuencia es indispensable llevar adelante estudios de diversa índole que hoy están paralizados. De nuevo, en esto son las autoridades las que deben fijar la pauta.