Polémica artificial

Señor Director:

Cuando se discutió la reforma procesal penal se discutió sobre otorgar el monopolio de la acción penal al Ministerio Público. Finalmente, se permitió que terceros —víctimas, Gobierno— se querellaran bajo ciertas circunstancias. Una de las razones que se argumentó en contra de permitir que el Ejecutivo participara es que su labor terminaría politizando los procesos. Los hechos actuales demuestran que los críticos a esta facultad tenían razón. Una decisión, irrelevante jurídicamente, tiene a todo el país tratando un asunto más bien delictual, como si éste fuera uno político. La persecución del terrorismo en el ámbito penal es jurídica, y no política, salvo por el posible cambio de las leyes.

Nadie ha denunciado que el Gobierno haya puesto trabas a la investigación o intente hacerlo, utilizando su potestad sobre las policías, lo que sería muy grave. Por tanto, como ente político no mandatado por la Constitución como persecutor criminal, el Gobierno puede tomar todas las decisiones políticas que le dé la gana en este tipo de materias, ya que en nada afectan a la institucionalidad vigente.

Cristián Gabler