Reforma electoral y debate técnico

Hace unos días, La Moneda anunció un polémico acuerdo con el movimiento Amplitud y un grupo de diputados independientes -Giorgio Jackson (RD), Vlado Mirosevic (PL) y Alejandra Sepúlveda (IND)- para llevar al Congreso una nueva fórmula electoral para los comicios parlamentarios, que reemplazaría el actual sistema binominal. La fórmula sustituye este sistema por uno proporcional y suma algunas disposiciones que facilitan la aparición de nuevas agrupaciones partidarias. El anuncio, que generó alta tensión política porque había en curso negociaciones avanzadas entre la Nueva Mayoría y Renovación Nacional, le vuelve a poner acelerador a la agenda de reformas políticas, en especial al reemplazo del binominal, que ha estado en continuo debate desde hace ya una década.

Pese a que hay una lista de fórmulas alternativas para suplir el binominal que han sido puestas en el tapete por diferentes fuerzas políticas y analistas, lo cierto es que tras ellas hay un consenso de que hay que reemplazar el actual. A éste se le reconoce el mérito de haber mantenido la estabilidad política en tiempos de transición, pero se le reprocha no recoger los matices y complejidades de una sociedad que ha profundizado su democracia. Este consenso y estos principios -representatividad y gobernabilidad- deben ser recogidos en este debate y servir como guía para todas las decisiones que tome el Congreso. Los sistemas electorales para las elecciones parlamentarias son de las tramitaciones más complejas que existen, dado que los que legislan son los mismos que se ven directamente afectados en sus carreras políticas y aspiraciones futuras.

A nivel político hay también entendimiento de que la legitimidad del sistema se reforzaría con un acuerdo amplio, por eso esta semana se postergó en la Cámara de Diputados la votación del proyecto enviado por el Gobierno. En los próximos días habrá que ver cómo se irá modificando este proyecto durante su tramitación, de manera de conjugar las numerosas propuestas que hay sobre la mesa. Sin embargo, la base que plantea el acuerdo de La Moneda con Amplitud genera ciertas dudas que ameritan análisis.

El nuevo acuerdo. Un primer punto es que tanto la primera propuesta del Ejecutivo hace unos meses, como esta fórmula de acuerdo, defienden un sistema proporcional que no es del todo fácil compatibilizar con nuestro régimen político presidencial. En efecto, en un esquema con fuerte iniciativa presidencial, la multiplicidad de contrapartes complica la negociación y puede dificultar el ritmo que requiere un gobierno para llevar adelante su programa y reaccionar a la contingencia.

A esto se suma que se reduce el número de afiliaciones exigibles para constituir un partido, de un 0,5% a un 0,25% del número de ciudadanos que hubieran sufragado en la última elección. También se terminaría con el requisito de contigüidad regional para la constitución de partidos, que hoy exige que éstos se constituyan en al menos tres regiones contiguas. El acuerdo plantea que puede formarse en una sola región, reduciendo así las exigencias actuales. Respecto de la disolución de partidos, también se ayuda a los más pequeños, al proponer modificar el requisito exigible de una votación mínima de un 5% en la última elección parlamentaria.

Si bien es clave para el fortalecimiento de la democracia que los ciudadanos se sientan representados por los partidos políticos, la atomización podría dificultar los tan valorados acuerdos, abriendo el campo para que pequeñas coaliciones sean el “fiel de la balanza”, en desmedro de los consensos amplios.

¿Distritos bien diseñados? Si bien las fórmulas de cambio suponen un redistritaje y que éste es un debate que no se puede evitar, es conveniente consignar que más que una propuesta hecha desde el mundo político, se esperaría que esto se hiciera sobre la base de recomendaciones de organismos técnicos que consideren criterios geográficos (continuidad de las zonas), poblacionales (número de electores), tamaño de las unidades (extensión territorial), y peso efectivo electoral (igualdad del voto). La propuesta que hoy se discute no fue diseñada estrictamente en base a estos criterios y se han detectado problemas, por ejemplo, el nuevo distrito 4 (Copiapó), al que se le asignan cinco escaños con 221.606 electores (al año 2013), mientras que a otros con más electores, como el 16 de San Fernando (299.614 electores) o el 18 de Linares (281.933 electores), se les entregarían cuatro escaños. Es decir, teniendo distritos de igual naturaleza, algunos con menos electores obtienen más representantes que otros que poseen más electores.

Aumento de diputados. Se ha planteado asimismo un aumento de diputados, con la explicación de que hay que corregir la desigualdad que consagraría el sistema actual, ya que estudios han demostrado que el peso efectivo del voto de un ciudadano del distrito con menos electores es seis veces superior al de un ciudadano del distrito con más electores. Queda por analizar si efectivamente se logra terminar con esto en el nuevo proyecto. Análisis iniciales muestran que en esta propuesta, el peso del voto del distrito de menos electores es poco menos de cuatro veces el del que tiene más electores. En otras palabras, es un avance, pero no subsana el problema. Más que aumentar el número de diputados, se requiere asignar los escaños sin tener que lidiar con las presiones políticas de titulares y de aspirantes a cargos de poder. La legitimidad y estabilidad del sistema dependerá de que así se haga.

Un cambio de sistema electoral es a todas luces un asunto de ardua tramitación, pero se debe exigir que el proceso no sea un “tira y afloja” entre titulares y aspirantes, sino una mejora para la democracia del país en los términos señalados de representatividad y gobernabilidad, por lo que un debate técnico de calidad y de cara a la ciudadanía es un elemento esencial.