Cambio en el panorama político

El Gobierno tuvo tropiezos en su instalación, pero luego copó la agenda pública con la presentación, a veces simultánea, de proyectos de reformas estructurales, que provocaron un debate mayor y más duro de lo previsto. Éste —sumado a la presión de una creciente desaceleración económica— forzó un acuerdo tributario con la oposición, aunque se suponía asunto de fácil despacho, y la primera iniciativa educacional compleja ha estado frenada hasta ahora por la fuerte reacción de los sectores afectados. Así, cerca ya de cumplirse seis meses de su mandato, la Presidenta Bachelet enfrenta un panorama político tan distinto de aquel del mes de marzo como para tener que optar entre insistir en su estrategia inicial de estricto apego al programa en que coincidieron las muy diversas fuerzas partidistas de la Nueva Mayoría, o reformularla con el riesgo de ahondar las brechas que las separan.
Los primeros cambios visibles, como la bajada a terreno de la mandataria para asumir personalmente la defensa de sus propuestas, parecen marcar la alternativa de mantener en alto unas banderas ideológicas intransables, que responden tal vez a sus íntimas convicciones, pero su propia trayectoria en el período anterior, llamados suyos a la conciliación y el peso de la realidad que muestran, por ejemplo, los episodios que aquí detallamos, como otros similares, podrían llevarla a una decisión diferente.
Encuestas y rumores. El sondeo estadístico La Segunda-UDD de este lunes otorga sólo 4,4 como promedio de aprobación a los ministros que cumplen tareas esencialmente políticas en el gabinete, con algo mejor calificación en ese aspecto al titular de Interior, a quien sí le pesa “con rojo” la inseguridad ciudadana, que también debe atender. Se les reprocha escasa firmeza ante las presiones recibidas, falta de vínculos adecuados con los partidos y apenas una mediana relación entre ellos, como un equipo poco afiatado. Por su parte, en la primera encuesta del CEP al gobierno de Bachelet, si bien se ratifica su alta valoración personal y la confianza en ella (54% da esa razón para haberla elegido, mientras sólo el 26% lo hizo por su programa y el 11% por la Nueva Mayoría), son más los que, al igual que en la anterior, ven débil al Gobierno ante las presiones.
Si se añade el inusual desconocimiento público (menos de 40%) de nueve ministros, y el bajo apoyo popular a las principales reformas a que aludiremos más adelante, no son de extrañar los rumores de esta semana acerca de las probabilidades (y ventajas) de un cambio de titulares, aunque se señale con realismo que ello implicaría una crisis más profunda que el normal reemplazo por otros gobernantes de algunos ministros para iniciar una “segunda etapa” a esta altura de su administración. Hasta se ha dicho que el consejo de gabinete de ayer incluía una revisión del trabajo de las distintas carteras, por las críticas a su labor en la propia coalición, y la recomendación de evitar toda discusión pública al respecto.
Prioridad para la salud. Aunque la demanda por un mejor servicio de salud lleva largo tiempo, sorprendió en el CEP que el 56% de los encuestados la situaran en primer lugar para recibir fondos de la reforma tributaria, mientras sólo el 22% ponía a educación, que parecía ser su destino preferente. Parece claro que el empoderamiento de la ciudadanía se volcará a este problema que es real y parece ir de mal en peor, y que ante esa urgencia vital la calidad de la educación y su rol para disminuir la desigualdad (tarea de muy largo plazo) parecen perder fuerza. La reacción oficial ha sido la de abordar el problema en el próximo presupuesto (el sector pide un aumento de 21%), y el ministro Peñailillo asegura más de US$ 4 mil millones en cuatro años (que vendrán de los ingresos tributarios, del crecimiento económico y de reasignaciones) para infraestructura y equipamiento en salud, sin olvidar los 20 hospitales ya comprometidos para construir.
Hay aquí otro desafío a la estrategia de Bachelet. Todas las reformas en curso, la laboral, las que Interior agrega en seguridad y descentralización; en Justicia, la construcción de cárceles; en Vivienda, el aumento del subsidio a la clase media, y el mayor número de congresistas, exigirán nuevos fondos, y los incidentes del Metro han puesto en primer plano una sustancial ampliación de la red. La conclusión obvia es que las demandas sociales (y quizás los demandantes) chocarán entre sí y con el Gobierno por los recursos.
Debate en educación. A pesar de las explicaciones del oficialismo y del ministro sobre sus proyectos , y el afán del Gobierno en contar con el respaldo de maestros y estudiantes, el magisterio aparece dividido casi por mitades, la casi totalidad de los miembros de la Confech recela de asistir a las “mesas participativas” y la marcha de ayer exige que se negocie con ellos el contenido de la reforma. Más aun, la aludida encuesta CEP dice que el 52% estima bueno el copago y al mayor número lo que le interesa es la calidad y no el lucro. En la DC se buscan fórmulas que, sin autorizar éste expresamente, permitan a los sostenedores ser compensados en justicia por su aporte. En definitiva, no se vislumbra un acuerdo cercano, sobre todo en esa materia, y se advierte más bien una polarización entre los pocos que lo intentan y aquellos que sólo aceptan negociar con quienes piensan igual. Lo quiera o no, se acerca el momento en que la Presidenta se defina claramente en esa alternativa que ha pasado a ser sustancial.