Desaceleración: Menos anuncios, más orden
En los últimos meses, la agenda pública de Michelle Bachelet se movió al ritmo de las reformas que fueron el eje de su campaña: la reforma tributaria y la educacional. Sólo una cosa que no estaba en el programa de Bachelet ha irrumpido con fuerza en el debate, alterando la discusión de políticas públicas: un […]
En los últimos meses, la agenda pública de Michelle Bachelet se movió al ritmo de las reformas que fueron el eje de su campaña: la reforma tributaria y la educacional. Sólo una cosa que no estaba en el programa de Bachelet ha irrumpido con fuerza en el debate, alterando la discusión de políticas públicas: un frenazo de la economía más fuerte y más anticipado que lo esperado.
Aunque los síntomas venían desde hace varios meses, las alarmas las encendió el Imacec de junio (que reveló un crecimiento de 0,8% en doce meses). De ahí en adelante, irrumpió el tema hacia la arena política y hoy la alicaída actividad es un complejo flanco que enfrenta el Gobierno.
La buena noticia es que hay claras señales desde La Moneda y los parlamentarios oficialistas de que se está asumiendo la gravedad de la desaceleración y ése, sin duda, es un paso clave para suavizar el golpe que tendrá. El problema ahora es cómo enfrentar el escenario y para lo anterior, más que anuncios de acción (como introducir más gasto o una agenda de reformas que potencien la competitividad), lo que se necesitan son señales que tranquilicen a los inversionistas. En este sentido, más que “lo que hacer” importa “lo que no hay que hacer”.
El actual Gobierno puso el acento en grandes reformas en materia tributaria, educacional y constitucional. La primera, bastante avanzada, supone de por sí un golpe a la inversión, pero es ya un tema que está prácticamente cerrado. Sin embargo, en materia educacional y constitucional es clave que se den señales de un debate ordenado, con moderación y búsqueda de consensos. Además, hay una serie de temas en el aire que preocupan fuertemente a quienes deciden entrar a proyectos empresariales, como la aún poco definida reforma laboral que vendría el segundo semestre, los impactos de la ley corta de puertos en otras industrias y el destino de la cotización del 7% de salud, entre otras. En todas ellas, lo común es un debilitamiento del derecho de propiedad y un creciente rol de la intervención estatal, lo que, sin duda, afecta el riesgo de iniciar inversiones en el país.
Hay una gran oportunidad en este momento para La Moneda que es cerrar la reforma tributaria con un mensaje adecuado para la inversión, en el sentido de reconocer que la fuerza de este cambio impositivo (que no viene aislado, ya que en menos de 10 años el impuesto a la renta estaría subiendo casi 60%) debe venir de la mano de un cuidado, en el tono del debate y en el diseño de las políticas públicas. En otras palabras, se trata de acotar el impacto de la agenda de reformas, buscando evitar que lo que viene profundice la desaceleración y golpee al empleo. El Gobierno sabe la urgencia de esto último, ya que de los 101 mil nuevos puestos de trabajo creados en los doce meses terminados en junio el 90% corresponde a empleo por cuenta propia, mientras cae el empleo asalariado, y cae en mayor medida aún el empleo asalariado con contrato escrito y prestaciones de seguridad social. Esto último revela que la desaceleración está ya afectando seriamente el bienestar de los chilenos y se transformará, más pronto que tarde, en fuente de malestar hacia las autoridades y la clase política.
Un gran riesgo hoy es que se opte por seguir enfrascados en el debate de las causas de la desaceleración —si es herencia del gobierno de Piñera, si se debe a factores externos, etc.—, en vez de cuidar la inversión por la vía de ordenar el debate de reformas, tanto en la forma como el fondo.