Desigualdad: ¿Prioridad política?

Por Cristóbal Ruiz-Tagle

El debate sobre la reforma tributaria ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la desigualdad económica. De un lado, están quienes niegan que sea un problema y creen que el foco de la justicia debiese estar en superar la pobreza. Por otra parte, hay quienes apuntan a que éste es “él” problema político, tanto así que están dispuestos a poner en juego bienes fundamentales -como lo es la libertad de educación- por conseguir que todos puedan educarse igualitariamente.

Lo cierto es que cada uno de estos polos muestra excesos. La pobreza es un fenómeno dinámico y relativo, por lo que la desigualdad vendría a ser una expresión más de esta realidad social. Mientras tanto, quienes buscan con afanes igualitaristas luchar ante todo en contra de las desigualdades, olvidan que el fin no justifica los medios, y que para enfrentar esta realidad hay que ir más allá de políticas que ponen en riesgo bienes fundamentales y atentan con las libertades del hombre.

Desde un punto de vista de convivencia social, la desigualdad atenta contra la estabilidad de la comunidad política, generando polos de tensión y llegando incluso a exponer la existencia misma de la comunidad. Si se entiende en sentido amplio -porque no sólo existe un desigual acceso en términos de bienes básicos como salud o educación, sino que también en otros bienes necesarios para la realización del hombre como empleo, seguridad, estabilidad familiar, capacidad de influir en las decisiones públicas o conocimientos éticos-, vemos que son muchas aristas las que generan situaciones de tensión. Cada una se debe abordar en su justa dimensión, no olvidando que mientras algunas desigualdades son inherentes a la naturaleza humana, otras impiden llevar una vida digna de las personas.

Aún si este argumento no convence, desde un punto de vista económico, la evidencia reciente sostiene que existe una relación entre altos niveles de desigualdad y menor crecimiento económico. El trabajo de Schmidt-Hebbel publicado en el libro Growth Opportunities for Chile, recientemente lanzado por el CEP, concluye que grandes niveles de desigualdad involucran mayor dinero en transferencias, lo que se traduce en un gasto fiscal no productivo.

Como vemos, la desigualdad es un problema político de cómo hacer un régimen justo, en el cual se juega la convivencia social y el crecimiento económico. Pretender sacar esta discusión del debate con lugares comunes y definiciones erróneas nos puede costar muy caro como sociedad.