Fallo judicial en toma de liceo

Las ocupaciones, muchas veces violentas, de establecimientos educacionales por una parte de sus alumnos (en algunos casos con la participación de personas ajenas a ellos) han sido un elemento característico de presión en las manifestaciones estudiantiles de los últimos años. Con demasiada frecuencia, tales actos se han acompañado de graves destrozos materiales, robos de aparatos electrónicos y otros equipos didácticos, y hasta incendios en los respectivos locales. A la vez, esa forma de protesta de un sector del alumnado viene alterando por largo tiempo, sobre todo en numerosos liceos municipales, la normalidad del año escolar, impidiendo que se dicten las clases o prolongando su duración con evidente daño para las familias, incluidas aquellas que rechazan tales procedimientos.
En Santiago, lo ocurrido al respecto en el Instituto Nacional resulta emblemático por el prestigio de la institución y por la actitud decidida adoptada allí por gran parte de los padres, apoderados y también alumnos, que este año han exigido a la municipalidad (sostenedora del liceo) que ponga fin a dicha situación. La alcaldesa, Carolina Tohá, ha tenido una conducta contradictoria en este asunto, desde asegurar que no autorizaría desalojos hasta llegar a un “protocolo” que fija condiciones, como la aprobación estudiantil mayoritaria, para aceptar las tomas. Sin embargo, ahora, tras una demanda judicial de los perjudicados, ha sido la Corte de Apelaciones de la capital la que ha dejado sin efecto dicho protocolo, ordenando que los alumnos se abstengan de organizar tales votaciones y de paralizar las actividades escolares, y obligando al municipio a tomar las medidas necesarias para evitar que esos hechos se repitan.
El fondo del problema ha sido abordado por la mayoría del tribunal, al considerar la toma un acto de fuerza que vulnera la libertad de enseñanza y el derecho a la educación que corresponde tanto a las familias como a sus hijos. Si bien uno de los magistrados, en voto de minoría, estimó que esto debía ser resuelto por otros órganos del Estado, y además es muy probable que se apele el fallo ante la Corte Suprema, el mérito de los argumentos y las consecuencias que han tenido esos hechos en el deterioro de la educación pública deberían determinar un vuelco en la materia como el sostenido por la Corte, que sea aplicable a la generalidad de los casos similares y que restaure la vigencia del sentido común ciudadano.
 Como era obvio, las organizaciones estudiantiles ACES y Cones han repudiado el fallo, y el ex dirigente y hoy diputado Gabriel Boric se adelanta a aclarar que las resoluciones judiciales y la declaración de ilegalidad de un acto como la toma carecen de eficacia práctica para este tipo de movilizaciones. Lo que así queda en cuestión es la reacción que tendrá la Municipalidad de Santiago, en especial frente a la tesis del tribunal sobre el derecho a la educación y el uso de mecanismos, aún respaldados por una mayoría, que validan la fuerza para impedir su ejercicio. Aunque se trate de un caso específico, sus efectos, que ojalá sean en definitiva positivos, deberían tener un alcance nacional.