Financiamiento de la reforma electoral

La reforma electoral ha puesto una vez más en el tapete los gastos en que debe incurrir el Estado para financiar la actividad legislativa y, más específicamente, las dietas que reciben los parlamentarios chilenos.
Desde que fue presentado el proyecto, uno de los temas que generaron mayor debate fue el aumentar el número de diputados de 120 a 155. De acuerdo a un informe del Ministerio de Hacienda, la iniciativa tendrá un costo de más de 3 mil millones de pesos, a los que se podrían sumar cerca de 6 mil millones adicionales por concepto de asignaciones, asesorías y gastos operacionales.
El tema no es menor y de inmediato generó cuestionamientos acerca de cómo se financiará la reforma y de dónde vendrán los recursos.
La postura de La Moneda al respecto no deja de ser preocupante. Desde el Ejecutivo se ha señalado en varias ocasiones que la modificación no implicará un mayor costo para las arcas fiscales, puesto que será financiada con una redistribución de los dineros de los que hoy dispone el Congreso. De ser cierto, es imposible obviar que esto revela que actualmente existen recursos mal gastados o cuanto menos ociosos, y vuelve a poner en evidencia las deficiencias de la institucionalidad en materia regulatoria (basta recordar la falta de control en las asesorías parlamentarias).
Es probable que sea cierto que hay recursos que se desperdician en el Parlamento, pero esto no debe dejar de lado el hecho de que la reforma electoral ineludiblemente traerá consigo un aumento de los gastos del Poder Legislativo. Afirmar lo contrario es irreal y, como han señalado algunos analistas, cae en un discurso que roza en lo populista.
La labor del Congreso desempeña un rol clave en el correcto funcionamiento de la democracia representativa. En este sentido, es peligroso presentar la idea de que gastar más en las instituciones es de por sí negativo. Si los recursos se están desperdiciando o están siendo mal utilizados, la solución no es disminuir los gastos en materia legislativa, sino que modernizar los mecanismos de regulación para asegurar que los dineros sean bien empleados. Lo contrario significaría resignarse a la ineficiencia y consolarse con que los costos son “menores”.
Así las cosas, es imprescindible reestructurar y fortalecer las atribuciones del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, órgano creado en 2010 para velar por el buen uso de los fondos públicos por parte de los congresistas, pero que hoy tiene un poder real escaso, siendo criticado además por una supuesta falta de autonomía y paradójicamente por las altas remuneraciones que perciben sus integrantes.
Todo lo anterior no debe hacer perder de vista que los diputados chilenos reciben las remuneraciones más altas entre todos los países de la OCDE y que la proporción entre sus ingresos y el sueldo mínimo —una relación de 1 a 40— se encuentra entre las más elevadas del mundo. Considerando esto, la reducción de la dieta de los parlamentarios no es una medida descartable, pero debe analizarse desde el punto de vista de los resultados concretos que tendría para mejorar la eficiencia de la actividad legislativa. Los “límites éticos” o las “donaciones forzadas” poco efecto tienen más allá del lavado de imagen para enfrentar los cuestionamientos de la opinión pública.
La regulación sobre cómo se gastan los dineros públicos en el Poder Legislativo es un tema que se ha dejado pasar por demasiado tiempo. Esto, sumado a los bajos niveles de aprobación y la desconfianza que despierta el Congreso entre la ciudadanía —que según varios sondeos ha alcanzado cifras récord en los últimos años—, provoca inevitablemente el rechazo a cualquier medida que signifique aumentar los gastos parlamentarios, por más que estos puedan mejorar la labor de los representantes, y a la vez crea un terreno fértil para las respuestas demagógicas.