Fortalecer el Sistema de Inteligencia

Hace unos días, el ministro del Interior y Seguridad Pública junto a la Presidenta de la República dieron a conocer el nuevo plan “Seguridad para Todos”, que establece 16 prioridades que serán abordadas durante el período 2014-2018 para combatir la delincuencia y el delito desde distintas perspectivas.

Entre las prioridades de este plan se encuentra la modernización del Sistema de Inteligencia Nacional, en concreto, perfeccionar la Ley 19.974, “para que Chile pueda contar con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, con una institucionalidad adecuada y con las atribuciones suficientes para hacer frente a las nuevas amenazas”. En este contexto se plantea un aumento de las atribuciones de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), de su dotación y presencia en regiones, lo que ha sido transversalmente apoyado a nivel político.

Poco antes de este anuncio, a principios de agosto, el ministro Rodrigo Peñailillo ya había adelantado algo en el Senado, al anunciar una reforma al actual Sistema de Inteligencia Nacional, con el objeto de entregarles mayores atribuciones a los servicios encargados de esta materia.

A lo anterior se suma la polémica generada por la Ley Antiterrorista, en que algunos sectores han abogado por derogarla, en contra de lo que se ha planteado desde la Fiscalía Nacional o lo que dicta la experiencia internacional. Lo cierto es que -a pesar de haberse desechado su uso durante la campaña presidencial y a principios de año- en los últimos días el Gobierno ha dado un giro y, en un ejercicio de realismo, no sólo ha invocado la Ley Antiterrorista, sino que ha dicho que se enviará al Congreso durante el próximo mes un proyecto que la modernizará.

Estos anuncios y proyectos forman parte de una arremetida legislativa y comunicacional del Gobierno en materia de seguridad e inteligencia, en momentos en que reiterados ataques con bombas y el conflicto en La Araucanía se toman la agenda y se vuelven a situar en el centro de las preocupaciones de la opinión pública.

Así lo revelan los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dados a conocer el sábado pasado, en que salud (51%), delincuencia (43%) y educación (43%) lideran las preocupaciones de la población y son los tres problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en resolver el Gobierno, según los encuestados.

Y es comprensible que así sea. En lo que va del año, las detonaciones de bombas alcanzan casi la treintena, amenazando y dañando las últimas a un vagón del metro, las puertas de una iglesia y dos de ellas a comisarías. Todo esto sin que aparezca ningún culpable y escaso avance en las investigaciones.

Debates que se abren. Los últimos anuncios han abierto dos debates necesarios de abordar. El primero de ellos, a raíz de algunas declaraciones que apuntan a la necesidad de derogar la Ley Antiterrorista, esgrime que basta con usar la legislación general actual para enfrentar los delitos de mayor connotación; supuesto bajo el cual no tendría sentido tener una norma como la Ley Antiterrorista. Lo interesante en este punto es conocer cuál es la posición del Gobierno, que aún no se ha definido con la necesaria claridad.

El segundo debate que emerge dice relación con el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Resulta indispensable determinar qué se entiende por fortalecer la ANI, por ejemplo, y no caer en el aumento de dotación como única medida, pues por sí sola no es suficiente. La clave parece estar en las atribuciones, pero también en una mayor coordinación, en capacitación conjunta y en un mejor entrenamiento. La cantidad de servicios de Inteligencia -los de las Fuerzas Armadas, de las dos policías, la misma ANI- hace indispensable una coordinación más fina y realmente operativa que permita actuar con rapidez ante cualquier emergencia.

Así también, se ha planteado la necesidad de darle a la ANI herramientas similares a las con que cuenta la Ley 20.000 de drogas, como el uso de agentes encubiertos o la delación compensada, entre otras.

También es acertado considerar una política de anticipación y prevención en materia de Inteligencia: Estudiar el origen de las agrupaciones delictivas, entender su lógica y realizar seguimientos permanentes, ya que las agrupaciones violentistas crecen y se adaptan de acuerdo a cada realidad.

Con todo, es positivo el giro y los pasos que ha dado el Gobierno para avanzar en estas materias, con el objetivo de poner nuestro Sistema de Inteligencia a tono con la nueva realidad nacional e internacional, modernizando herramientas e instrumentos como la legislación actual que combate el delito y el terrorismo. Toda democracia moderna, que se precie de tal, debiera adecuar, revisar y modernizar periódicamente su Inteligencia para hacerla capaz de dar respuestas efectivas a amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y el crimen de carácter terrorista.