Judicialización de la salud

En los primeros seis meses del año, las 17 cortes de apelaciones del país recibieron 47 mil recursos de protección para frenar el alza de los planes de las isapres. Si bien la cifra es menor que la del año pasado, la creciente judicialización de los conflictos de salud es un tema que preocupa a académicos y especialistas en políticas públicas.

Las causas contra las isapres son sólo la punta del iceberg de una problemática que se inició con la reforma del año 2005 y que desde entonces ha visto crecer el número de procesos por discriminación por sexo y edad de los contribuyentes, además de los ya mencionados ajustes en los precios de los planes.
El fenómeno no es nuevo y tiene importantes antecedentes a nivel latinoamericano. En países como Brasil, Argentina y Costa Rica, los tribunales se han visto sobrepasados por demandas que crecen sin control y se han producido casos de connivencia entre instituciones médicas y jueces, lo que ha afectado tanto el funcionamiento del sistema de salud como la imagen de la justicia. En Chile, la judicialización es todavía incipiente, pero convertir al Poder Judicial en un mecanismo permanente de resolución de litigios en salud es un riesgo con el que se viene lidiando desde hace unos años.

El problema, sin embargo, no puede ser caracterizado en blanco y negro. La experiencia internacional muestra que la judicialización, junto con los inconvenientes descritos más arriba, puede tener externalidades positivas.

Algunos especialistas destacan su rol en el perfeccionamiento de las políticas públicas, al funcionar como agente aglutinador y dar un cierto orden a las demandas de la ciudadanía en materia de salud. La contracara es que también puede ser un freno a ciertas medidas impopulares, pero necesarias para el correcto desempeño del sistema.

No obstante, al margen de estas consideraciones, hay una señal que no puede obviarse: que las personas opten por recurrir a los tribunales en vez de los cauces regulares da cuenta de una falla de la institucionalidad. ¿Por qué se produce? Es probable que no exista una única respuesta, pero el hecho es que buena parte de la ciudadanía ha considerado que la vía judicial es más eficiente o eficaz que presentar sus reclamos directamente a las isapres, Fonasa o la Superintendencia de Salud.

Si se tiene en cuenta que, como señalan diversos académicos, no existe una correlación entre el aumento de los recursos y el número de sentencias condenatorias, la situación no deja de ser preocupante. A la par con la presentación de recursos en los que los tribunales no deberían tener incidencia, se produce un traspaso de la ineficiencia de una parte de la institucionalidad al Poder Judicial, con el consiguiente aumento de costos para este último.

Incluso si se acepta la función “aglutinadora” de los tribunales, éstos no deberían ser un agente de solución, sino que un interventor puntual, que actúe sólo cuando se han agotado todas las instancias regulares. En este sentido, el mayor involucramiento de la Superintendencia de Salud, que a fines del mes pasado decidió asumir el control de los reajustes y congelar los planes de las isapres —usando los fallos judiciales como jurisprudencia—, es una señal que invita a un discreto optimismo.
Aun cuando la decisión de paralizar las alzas en los planes de las isapres pueda ser cuestionable, los resultados de esta medida ya se están notando. Mientras los recursos presentados en las cortes de apelaciones han disminuido, los reclamos a la Superintendencia se han ido multiplicando poco a poco.

Es de esperar que estos indicios se concreten en un reforzamiento real de la institucionalidad, que permita crear una estructura efectiva para regular las relaciones entre los diferentes agentes del sistema de salud privado. La judicialización habrá sido así un paso necesario. El síntoma de una afección que es curable; no la enfermedad crónica que significa crear una sociedad litigante.