La encrucijada

Por Oscar Guillermo Garretón

La encrucijada actual de Chile no es educacional o económica, es política. Ella está condicionando, como hace mucho no lo hacía, la circunstancia de cada actividad.

Es evidente, por ejemplo, que el dinamismo económico necesita una “alianza estratégica público-privada”, como señaló el ministro Arenas. Pero no asumir la esencia de la encrucijada —el mandato de alterar la realidad para combatir desigualdades— puede llevar a elusión y endoso de responsabilidades. Éstas han dejado de ser las mismas de antes para privados y Estado.

La reciente movilización gubernamental por una ejecución presupuestaria de 100% refleja la conciencia de una mayor dependencia estatal de la actividad. Es por efectos externos, pero también, todos lo saben, desde el momento cuando se anuncia en campaña una reforma tributaria del 3% del PIB, el ahorro, inversión y empleo privados entran en alerta. Se frenan mientras exista incertidumbre y se harán los números con las nuevas regulaciones legales cuando éstas se materialicen, para saber qué proyectos o ninguno entregan resultados aceptables. Ahorro, inversión y empleo enfrentan hoy realidades distintas, dispuestas por la política.

Esta conciencia de mayor responsabilidad estatal se refleja también en la Agenda de Productividad, en la cual dos de sus factores más incidentes son: la productividad laboral —donde la educación es clave— y la crisis energética. Así como también en la inyección de recursos al Banco del Estado, Enap y Codelco, empresas de cuya gestión depende más que antes el éxito del quehacer minero, energético y financiero del país.

Pero hay más. El viernes accedí a un estudio que comparaba desigualdad antes y después del pago de impuestos en países OCDE. Usando el coeficiente de Gini, Brasil y Chile eran los más desiguales después de impuestos. Lo curioso es que la situación de desigualdad era mucho menos dispareja antes de impuesto. En otras palabras, la peor nota y la mayor diferencia con Suecia, la sacaba Chile en su eficiencia para disminuir la desigualdad con recursos provistos por los impuestos. Si esto es así, a partir de la reforma tributaria y los US$ 8.300 millones, la calidad de la gestión pública adquieren una responsabilidad como nunca antes en la desigualdad y su superación.

Un comentario final sobre el efecto económico de nuestro debate constitucional. Todos solemos esgrimir como ventaja de Chile su solidez institucional. Sin embargo, con razón, se ha puesto en cuestión la base de toda la institucionalidad chilena: la Constitución. Para quien mira desde lejos, esto inevitablemente abre fuertes interrogantes sobre la institucionalidad futura de Chile. Explicar y resolver qué y cómo cambiará es, obviamente, una nueva y muy seria responsabilidad política.

Así las cosas, es obvio que el futuro del país depende de toda la sociedad, y no sólo del Estado. No obstante, el Estado y la política no pueden eludir su responsabilidad por las consecuencias de haber decidido asumir un rol mayor en los ámbitos más sensibles de la vida nacional: economía, educación, salud e institucionalidad.